Trapicheos en la cárcel

En febrero entraron en prisión, pero no por ello tiraron la toalla. Los tres cabecillas de la trama encarcelados, Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y su lugarteniente, Pablo Crespo, maniobraron desde su celda para intentar mantener parte de su fortuna en el extranjero fuera del control de la Justicia y para tratar de influir en los jueces y fiscales que investigaban sus movimientos y operaciones.

Todos esos tejemanejes fueron descubiertos en las diferentes conversaciones intervenidas entre los reclusos y sus familiares y abogados. La figura clave de este intento de salvar los muebles tras la caída de los capos es la esposa de Pablo Crespo, Consuelo Margarita Vázquez, quien, según los informes policiales, «actúa como intermediaria con personas de la organización para recibir o transmitir mensajes de su marido».

Ella, a petición de su marido, es la que se puso en contacto «con el broker norteamericano Randall Lew Caruso» para tratar de opacar los fondos. Vázquez toma todo tipo de medidas para evitar que sus movimientos sean seguidos y llega a utilizar el móvil del novio de su hija para dar instrucciones al extranjero. Ella es también quien se informa sobre las pesquisas de la policía en el yate Parapipi, atracado en Altea, donde la red ocultaba documentos muy delicados sobre sus operaciones en la Comunidad Valenciana. Pablo Crespo, desde la cárcel, incluso ordena que se «ejecuten» los fondos que el grupo tiene en Suiza y que se haga todo lo posible por «desbloquear la situación de las compañías». Propone que se use una empresa llamada Cresva, que está a nombre de sus hijos y que no ha sido intervenida por la Audiencia Nacional.

Los otros dos personajes sobre los que descansa la misión de mantener viva la trama Gürtel a pesar de los encarcelamientos son los abogados Manuel Delgado y José Antonio López, quienes, según la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, reciben órdenes de sus clientes y se dedican a coordinar las defensas del mayor número de imputados. Incluso, según desvelan los informes, los letrados y sus clientes acuerdan la estrategia «de intentar controlar las comisiones rogatorias» a diferentes países para pretender recuperar el dinero defraudado, disperso por una veintena de paraísos fiscales «mediante la búsqueda de despachos que planteen pleitos para impedir la ejecución de las mismas».

Presionar a jueces

La audacia de los cabecillas de la trama encarcelados y sus defensores va todavía más allá. Las escuchas policiales en la prisión de Soto del Real revelan que su intención es influir o presionar a los jueces y fiscales que se ocupan o se van a ocupar del caso. La Policía asegura que Fracisco Correa, Pablo Crespo y los abogados «contactaron con abogados que poseen vinculaciones con personas que ocupan puestos en los órganos judiciales de la Audiencia Nacional para intentar obtener ventaja en el desarrollo del procedimiento».

Correa tampoco pierde el tiempo y contrata como abogado al ex magistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, ponente de la sentencia del caso Banesto, entre otras conocidas causas. El ex juez ya avisó el 2 de marzo pasado al líder de la trama que «tiene una relación correcta y fluida con Baltasar Garzón, y que conoce a las fiscales» del caso, aunque una de ellas, Conchita, «es dura en sus planteamientos». El ex juez llega a afirmar que «si la causa va al Tribunal Superior de Justicia hay un magistrado que les ayudará».

También en este momento aparece en liza el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, quien el 25 de febrero, en una conversación con Pablo Crespo, asegura a su interlocutor «que conoce a la fiscal Concepción Sabadell», ya que fue compañera suya, y que «cuando se levante el secreto va a intentar hablar con ella para que le diga un poco a ver qué planes tiene».

La conclusión de la Policía Nacional no puede ser otra: los cerebros de la trama «han elegido a los abogados en función de sus contactos dentro de los órganos judiciales», especialmente la Audiencia Nacional.