España aún presenta un agujero en protección social de 70.000 millones

España gasta al año en cuidar a sus ciudadanos 70.000 millones de euros menos de lo que corresponde a su nivel económico, ahorro que la mantiene a la cola de la Unión Europea (UE) de los Quince en protección social. Es decir, pese al elevado coste que tienen las pensiones públicas y la cobertura de desempleo, que han hipotecado los últimos Presupuestos Generales, presenta lagunas respecto a otros países comunitarios. Además, el dato no recoge el impacto de la crisis que profundiza el deterioro de la situación porque la población que necesita ayuda aumenta y debilita las prestaciones establecidas. «Por ejemplo, la atención a los desempleados se incrementa pero nunca es suficiente ni llega a ser un salario», señaló el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra, Vicenç Navarro, director del tercer volumen sobre La situación social en España III, impulsado por la Fundación Largo Caballero, vinculada a UGT y Caja Duero.

En la elaboración del estudio han participado otros prestigiosos investigadores y expertos. La explicación del estudio tuvo lugar en la sede del Consejo Económico y Social (CES). Al acto acudió el director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Fidel Ferreras, y diversos responsables del Departamento. El informe se basa en cifras y proyecciones de 2006 «últimas cifras homologadas que hay en la UE», pero fuentes de UGT subrayaron que su vigencia es «incuestionable». Sirve para alertar de que «la deuda social española es alarmante» y acallar las voces que propugnan el recorte del gasto. España cuenta con un Producto Interior Bruto (PIB) que supone el 93% de la media de los Quince, mientras que destina a mejoras sociales el 71% de lo que desembolsa el resto de los Estados miembros. Este gasto por habitante ronda los 5.100 euros anuales, frente al nivel europeo, que sube a los 7.200, y la atención de Suecia, que llega hasta los 9.000. En definitiva, es el país de la UE con el gasto público en protección social (en porcentaje sobre el PIB) más bajo, después de Irlanda y Luxemburgo.

En el primer estudio, el desfase era de 60.000 millones. La situación empeoró, y el segundo reflejó 70.000, cantidad que se mantiene en el tercero. Para Navarro, el retraso obedece a que los gobiernos hacen oídos sordos y no toman las medidas oportunas para corregir la situación.

No obstante, el catedrático reconoció que la atención social se ha incrementado desde 2004 a mayor ritmo que con anterioridad. «Lo que el Ejecutivo de Zapatero no hace, y es sorprendente porque es de izquierda, es una distribución más equitativa de la carga fiscal. Las rentas superiores deberían gravarse como hace tiempo. La carga impositiva de España no es progresista», añadió.

El informe también aborda el futuro de las pensiones públicas. Navarro resaltó que retrasar obligatoriamente la edad de jubilación es injusto y discriminatorio para las clases pobres, puesto que en la mayoría de los casos la longevidad depende del nivel social. «El hecho de que la esperanza de vida haya aumentado cuatro años desde 1990 no quiere decir que un español promedio viva cuatro años más», aclaró. Así, todo indica que «la mujer de la limpieza de la universidad vivirá 10 años menos que el catedrático. Por lo tanto, carece de sentido -insistió Navarro- que obligatoriamente trabaje dos años más, aunque algunos piden cinco, para pagar la pensión de ese catedrático».

Los estudios anteriores relevaron que la precaria situación española tiene su origen en «la dictadura, que no tuvo conciencia social». Las tesis expuestas recogen que «fue un régimen, entre otras cosas, caracterizado por una enorme austeridad social».