Un informe de ida y vuelta

El informe de la Brigada de Blanqueo que investiga la trama Gürtel constata que varios cargos de confianza de Francisco Camps, el vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el responsable de Organización, David Sierra; y la tesorera, Yolanda García, conocían las operaciones financieras irregulares del PP en Valencia.

El PP, según el informe, financió varios de sus actos con dinero de constructoras cercanas a la Generalitat, que pagaban a Orange Market, empresa de la red de Francisco Correa dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Para ello empleaban sistemas de doble facturación por servicios a veces inexistentes.

El informe llegó al Tribunal Superior de Justicia de Valencia el 31 de julio, en plena deliberación sobre la causa contra Camps por el caso de los trajes. Procedía del juez instructor en Madrid, Antonio Pedreira, partidario de que el tribunal valenciano investigara en el mismo proceso a los cabecillas de la trama Gürtel. Pero éste rechazó el informe, ya que excedía del objeto investigado: el delito de cohecho impropio de los imputados.

El tribunal valenciano, presidido por Juan Luis de la Rúa, amigo íntimo de Camps, no sólo devolvió el informe al tribunal madrileño sino que desatendió una petición de la Fiscalía Anticorrupción -partidaria de que fuera la justicia valenciana la que investigara la totalidad de la trama- y rechazó una súplica de Camps para que no se incluyera en la investigación la posible financiación irregular del PP.

Perdido en el limbo, podría ocurrir que el informe vuelva al Tribunal Superior de Valencia. Fuentes judiciales apuntaron que si prospera la querella del vicepresidente primero, el juez podría pedirlo para verificar la denuncia y si aprecie indicios de delito elevarlo al Tribunal Superior, pues los implicados son aforados.