Menos tabaco

L as declaraciones de la ministra de sanidad, Trinidad Jiménez, afirmando que el Gobierno «está preparado para ampliar los términos de la Ley Anti-tabaco», constituye un reconocimiento público, a estas alturas ineludible, de la limitada eficacia que ha demostrado la norma actual en cuanto a su aplicación en los espacios de ocio, incluidos bares y restaurantes. El hecho de que poco más del 10% de estos establecimientos ofrezca un lugar libre de humo obliga sin duda al Ejecutivo a una evaluación crítica respecto al cumplimiento de la ley y a adoptar iniciativas que procuren restringir el consumo de tabaco al ámbito privado. El tabaquismo constituye un grave problema de salud pública para los españoles, frente al que resulta demagógico apelar a la libertad individual. La aspiración voluntaria o involuntaria del humo de cigarrillos y otras labores del tabaco y el propio contacto con él generan graves males como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, los cánceres o las patologías cardiovasculares. La eventual prohibición de que se fume en todos los lugares públicos, independientemente de su titularidad o de su uso, no supondría una intromisión en el libre albedrío de las personas que deseen consumir tabaco ni respecto a la libertad comercial. En todo caso preservaría valores superiores, cuales son el derecho a la salud de todos y la defensa del interés común mediante una administración racional de una importante parte de los fondos dedicados a la atención sanitaria. Es cierto que tal medida sería consecuencia del fracaso parcial de la vigente ley. Pero conviene recordar que dicho fracaso se debe fundamentalmente a la renuencia de muchos propietarios de establecimientos públicos y a la inexplicable indiferencia mostrada por determinadas autoridades autonómicas y locales.