Las autonomías dan vía libre a la nueva financiación pese al descontento general

El nuevo sistema de financiación para las autonomías nace sin el apoyo del primer partido de la oposición y gracias a la disciplina de las comunidades gobernadas por los socialistas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera dio el visto bueno ayer a un nuevo modelo que modifica por completo el actualmente vigente y supone una aportación adicional por parte del Estado de 11.000 millones de euros, de los que el 58% se repartirán este año.

Bajo la presidencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, y del vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, los consejeros de Hacienda de las 17 autonomías discutieron durante cuatro horas las líneas fundamentales sobre las que se asentará el nuevo marco financiero en el que las administraciones tendrán que garantizar la prestación de servicios en un ciclo de grave crisis. Este contexto condiciona de hecho la propia filosofía del modelo. Salgado admitió que el fondo de competitividad, de nueva creación, servirá para neutralizar la tentación de una bajada de impuestos unilateral que, según su criterio, perjudicaría al conjunto.

El modelo que propuso el Ejecutivo central contó con el respaldo mayoritario de las siete autonomías con socialistas en su gobierno (Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Cantabria y Baleares), Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta. Esta última se decantó por el 'sí' tras recibir ayer el compromiso de una aportación adicional de 1,5 millones de euros para financiar unas competencias que, según dijo Salgado, habían caído en el olvido.

Aunque el nuevo sistema no recibió ningún voto en contra, comenzó su andadura con un frágil consenso porque las seis autonomías con gobiernos populares (Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Murcia y Castilla y León), además de la ciudad autónoma de Melilla, le negaron su apoyo y se abstuvieron en la votación. Todos los responsables de comunidades del PP criticaron el procedimiento y los contenidos de la reforma y expresaron el rechazo con una posición común marcada desde la dirección nacional del partido, aunque hasta el último momento se debatieron entre el voto en contra y la abstención.

El primer partido de la oposición hizo valer así su protesta por no haber participado en la negociación del modelo para la que el Gobierno eligió como interlocutoras a las comunidades autónomas. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, los consejeros populares añadieron a su posición política en la votación discursos muy críticos con el modelo que consideran territorialmente «insolidario», «perjudicial para toda España», que «acrecienta la desigualdad», es «poco transparente» y prevé «repartos heterogéneos» que favorecen sobre todo a las autonomías con gobiernos afines al Ejecutivo central, en concreto, al tripartito catalán. Los populares sostienen que el nuevo modelo es «una chapuza» de aplicación incierta, fruto de la improvisación y dictado por las necesidades políticas de José Luis Rodríguez Zapatero que, en lugar de buscar un pacto de Estado con el PP, optó por asegurarse las alianzas parlamentarias que necesita para aprobar los próximos Presupuestos.

La actitud más crítica la mantuvo el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, que renunció a votar en contra, como hubiera deseado, por disciplina de partido. Beteta aseguró que, de acuerdo con el nuevo reparto de financiación 'per cápita', «un madrileño vale la mitad que un catalán», denunció la falta de transparencia del procedimiento e insistió en que no dispone de una sola cifra. Pero la actitud política del partido opositor que ejercieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los consejeros de las autonomías gobernadas por el PP no irá más lejos. Las comunidades se disponen ahora a negociar con el Gobierno la aplicación del nuevo sistema a sus respectivos territorios a través de las comisiones mixtas, una vez aprobada la ley por el Parlamento. «Nos queda un largo camino hasta que sea de verdad aplicado pero estoy segura de que voy a encontrar la colaboración de todos», afirmó la vicepresidenta.

Sin nuevos criterios

La ministra de Economía cuenta además con seguir celebrando comisiones técnicas para ir peinando flecos pendientes pero, en todo caso, advirtió de que es poco probable que haya más aumentos de los recursos adicionales -al margen del que ya se apuntó Ceuta- y descartó que se introduzcan nuevos criterios de ponderación de la población. Fue una referencia explícita a Galicia que durante la reunión de ayer reclamó que se tenga en cuenta también el porcentaje de residentes en el exterior. Las 17 autonomías, sin excepción, se acogerán al nuevo modelo porque, como confirmó Salgado, aporta a todas las comunidades «nuevos recursos» gracias a los 11.000 millones de euros adicionales. Chaves destacó que la reforma del sistema «a nadie perjudica y a todas las autonomías beneficia». «Nadie pierde y todas ganan», apuntó. Además, reprochó al PP que haya utilizado el «agravio comparativo» contra Cataluña para justificar su rechazo al modelo y defendió que la comunidad autónoma que preside Montilla «no se ha llevado ni más ni menos que nadie, sino lo que le corresponde». El vicepresidente tercero defendió también que este modelo «viene a fortalecer el autogobierno a través del aumento de la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal».