Urbanismo decidirá el día 20 qué viviendas ilegales podrán ser regularizadas en el nuevo PGOU

Poner orden y clasificar. Éstas son las palabras que mejor resumen el trabajo desplegado por Territorio y Ciudad en lo referente a los diseminados. Y de ese orden brotó la calma que se respiró la tarde de ayer en el Salón de Plenos. El equipo redactor del PGOU, la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, y la mayoría de los vecinos salieron satisfechos de una reunión que había levantado muchas expectativas.

En primer lugar, Territorio y Ciudad expuso algunos datos obtenidos durante estos meses de estudio que hablan por sí solos de la influencia que la problemática tiene en la ciudad. En El Puerto hay 81 núcleos de diseminados y 5.000 viviendas que ocupan siete millones de metros cuadrados. A partir de esta realidad, el equipo redactor ha dividido éstas en diez grupos en función de sus características comunes. Según lo establecido en las leyes, el equipo redactor contempla una solución distinta para cada grupo, que en el documento de aprobación provisional 2 -que se aprobará antes de septiembre- recibirán una calificación y una clasificación distinta. La mayoría de los diseminados pasarán a ser suelo urbanizable no consolidado, aunque algunos inevitablemente se quedarán como suelo no urbanizable.

Lo que no se desgranó en la reunión es cómo quedará cada núcleo en el documento de aprobación provisional 2. Para eso habrá que esperar al próximo día 20, cuando se celebrará una reunión de la Comisión de Seguimiento del PGOU. La concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra, explicó que tratará de lograr «el máximo consenso posible» con todos los grupos políticos y los colectivos vecinales afectados con objeto de que la mayor parte de los diseminados estén contemplados en el futuro Plan General. Ése será el gran paso para su legalización, que dependerá en última instancia de que la Junta de Andalucía le dé su visto bueno. Antes, con la aprobación provisional 3, el Ayuntamiento propondrá a la Junta que se urbanicen algunos diseminados y se frenen las multas coercitivas.

Los únicos momentos de tensión respirados en el encuentro se produjeron cuando algunos vecinos le reprocharon a Ybarra que no concediera permisos para el suministro de luz y agua en algunos casos, a su juicio, a casas legales.

El presidente de Fevema, Javier de Paula, hizo una «valoración positiva» del encuentro «a falta de ver sobre planos en qué situación quedará cada núcleo». El de Coave, José Antonio Castro, afirmó que «esta vez se han recogido casi todas nuestras reivindicaciones».