Camps elude comparecer ante el juez para bajar la presión del 'caso Gürtel'

Francisco Camps y los otros tres imputados por aceptar regalos de las empresas de la trama Gürtel no quieren nuevos escándalos a la puerta de los juzgados. El presidente valenciano, el portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Costa, el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret lograron ayer permiso del juez para no acudir el 15 de julio a la vista que se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia, en la que el fiscal mantendrá la acusación de cohecho contra ellos.

El juez instructor, José Flors, no ha puesto pega alguna a la solicitud. La asistencia a la vista de imputación es una prerrogativa de los investigados y ellos han preferido renunciar a este derecho antes que enfrentarse de nuevo a decenas de informadores y a grupos de ciudadanos a favor y en contra de los acusados ante el palacio de justicia, como ocurrió en la anterior citación, con un considerable revuelo.

En un momento en el que dentro y fuera del PP se habla de la dimisión del presidente valenciano, Camps y sus tres colaboradores no quieren repetir esas imágenes y alimentar la imagen de la comisión de actos delictivos. La excusa legal de los cuatro es que tienen plena confianza en sus abogados defensores, quienes sí estarán presentes y hablarán en su nombre.

Camps y los otros tres imputados argumentaron además que no necesitan asistir a la cita porque ya conocen con detalle los hechos presuntamente delictivos que les atribuyen y la imputación que les adjudican.

La Fiscalía Anticorrupción, a su vez, reclamó ayer al juez instructor que impute también por un delito de cohecho a Francisco Correa, a Álvaro Pérez, El Bigotes, y a Pablo Crespo, los tres máximos responsables de la red de empresas del caso Gürtel y las personas que presuntamente pagaron los trajes a Camps y los demás altos cargos investigados. La razón es que el cohecho es un delito que comete por igual el que da y el que recibe la dádiva. La pretensión del Ministerio Público es que los tres nuevos imputados comparezcan también en la vista a celebrar el próximo miércoles. La vista servirá para que el magistrado ratifique en un auto su decisión de abrir contra los cuatro investigados hasta ahora un procedimiento de juicio con jurado o, en atención a las alegaciones de las defensas, decretar el sobreseimiento de la causa. El trámite, obligado por la ley del jurado, se produce días después de que el instructor decretase la continuación de la investigación penal por observar «suficientes indicios racionales» de que los imputados pudieron aceptar trajes y otros complementos, por un valor mínimo de 47.700 euros, de las empresas de la red Gürtel, adjudicatarias de contratos millonarios de la Comunidad Valenciana.

La Fiscalía y las acusaciones particulares, las primeras en alegar durante la vista, ratificarán ante Flors los hechos que consideran que prueban el delito, solicitarán nuevas diligencias para completar la instrucción y pedirán que los imputados se sienten en el banquillo para ser juzgados por cohecho.

Las defensas reclamarán el sobreseimiento de la causa y de las imputaciones por entender que no hay ni un solo elemento que rompa la presunción de inocencia de sus clientes.

Si el magistrado, oídas las partes, no archiva la causa, completará la investigación y decidirá si hay elementos suficientes para dictar la apertura de juicio oral y fijar el día en que Camps y los demás se sentarán ante el tribunal del jurado.

Los recursos

El recurso que los cuatro imputados presentarán en los próximos días ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la decisión de Flors de seguir adelante con la causa no paralizará ni la vista del 15 de julio ni el resto de diligencias que acuerde el instructor. Las defensas tienen hasta el lunes para entregar sus recursos, en los que pedirán al tribunal que rechace la existencia de indicios de delito en el comportamiento de sus clientes y decrete el archivo de las actuaciones. El abogado de Camps alegará que no hay prueba alguna de que el presidente incurriese en cohecho, mantendrá que pagó en metálico todos los trajes investigados al sastre José Tomás, y que el juez no debería prestar más credibilidad a las declaraciones del costurero, que, según la versión de la defensa, ha incurrido en contradicciones y ha cambiado varias veces su relato, que a las de su patrocinado.

El auto del juez también será recurrido por el Partido Socialista del País Valenciano, que ejerce la acusación. Pretende que los sospechosos sean investigados, además de por cohecho, por malversación de fondos públicos y financiación ilegal, y que cite a declarar a todos los altos cargos de la Generalitat valenciana que adjudicaron contratos a las empresas de la trama corrupta.

La resolución de estos recursos, en los que los afectados han puesto sus esperanzas de zanjar el caso, podría dilatarse hasta septiembre.

Los dirigentes del PP temen que Francisco Camps acabe por tirar la toalla y dimita sin esperar a que se sustancie la causa en la que está acusado de cohecho por aceptar unos trajes de la trama de Francisco Correa. La dirección del partido opositor ofrece un apoyo blindado al presidente de la Comunidad Valenciana, pero son muchos los que creen que no podrá soportar la presión política y mediática, máxime si tiene que sentarse en el banquillo de los acusados.

Camps sabe que cuenta con todo el respaldo político de la dirección de su partido, incluso si el proceso culmina en un juicio, pero no son pocos los dirigentes populares que, en privado, temen que dimita para preservar al PP de un daño mayor y también para proteger a su familia.

Otros dirigentes opositores también apuntan que Camps tiene pocas salidas porque ha cometido muchos errores en la gestión del caso. Precisan que su afirmación inicial, reiterada después ante el juez, de que sus trajes los pagaba él fue un desacierto, y que hubiera sido más acertado, a efectos de una defensa en los tribunales, reconocer desde el principio que las prendas fueron un regalo amistoso y desinteresado de Álvaro Pérez, El Bigotes. Los críticos con Camps sostienen que mantener que los trajes fueron pagados por él mismo con dinero de la caja de la farmacia de su mujer, como explicó ante el instructor José Flors, deja sin fuerza a la estrategia adoptada por el PP, una vez conocida la acusación de cohecho, de que fueron un regalo equiparable a otros que reciben los gobernantes.