Sin rastro del dinero

Se van a cumplir tres meses desde que se descubriera el agujero contable de más de 7,9 millones de euros en la Caja municipal isleña y aún quedan muchas dudas por resolverse. El secreto de sumario sigue pesando sobre una investigación que se presenta como ardua y compleja sin que por el momento se hayan obtenido pruebas suficientes ni para ampliar el número de imputados ni para atar nudos en torno a los dos únicos funcionarios sobre los que pesa la acusación del Consistorio como responsables de la falta del dinero.

En este primer trimestre se ha consolidado una plataforma ciudadana exigiendo responsabilidades políticas, se han producido enfrentamientos entre los grupos municipales a causa de una auditoría externa que no acaba de cuajar y se han extendido diferentes rumores sobre la forma en la que ha salido el dinero, aunque todavía no ha trascendido el modus operandi de forma oficial.

Fue el 1 de abril cuando el Ayuntamiento hizo pública la denuncia que se interpuso desde Intervención contra María José Lebrero y Clemente Ruiz, tras «haber conocido un informe de los servicios económicos donde se comprueban irregularidades, estando implicados, presuntamente, dos funcionarios». A las cuatro de la tarde, la Policía Nacional se presentaba en la Delegación de Hacienda para efectuar las detenciones y comenzar las interrogaciones, sobre la pérdida de 480.000 euros, primera cuantía que se barajó y que por el momento pesa sobre ambos imputados. La Cámara de Cuentas sale a la palestra para desmentir la información y apuntar que fueron sus inspectores, que se encuentran realizando la ordenación fiscal del 2007, los que dieron la voz de alarma sobre irregularidades en las cuentas.

Una contradicción que por el momento no se ha aclarado por parte municipal; de hecho, en las posteriores ruedas de prensa que se realizaron por parte del alcalde de la ciudad, Manuel María de Bernardo, se siguió defendiendo la postura de que fueron los servicios económicos municipales los que detectaron el problema financiero en una revisión trimestral hecha por los técnicos de Hacienda.

Un día después los medios de comunicación se instalaban en la plaza de San José a la espera de que los funcionarios pasaran a disposición judicial, algo que no ocurrió hasta dos días después, ya que la Policía Nacional entendió que era necesario agotar el plazo de 72 horas de retención. Antes, se realizaron los oportunos registros de las viviendas de Lebrero y Ruiz, así como de la inmobiliaria que poseía éste último de la que se llevaron varios ordenadores y archivos.

«Me está gustando esto de ser famoso». Fue una de las frases que dijo Ruiz mientras salía de su casa acompañado por los agentes policiales. La presión mediática comenzaba a pesar en familiares y allegados. Casi tres horas de búsqueda para terminar de nuevo en los calabozos. Lebrero dio permiso el primer día a la Policía para que registrara su domicilio.

Salen libres

A pesar de toda la documentación recopilada, la jueza encargada de instruir el caso no vio ningún tipo de indicio grave sobre los detenidos, decidiendo dejarlos en libertad con cargos pero sin fianza. En la puerta de la comisaría de la Policía Nacional los familiares se abrazaban con fuerza tras tres días de incertidumbres y ya se planteaban el realizar acciones legales en contra del Ayuntamiento. Además, se barajaba la posibilidad de que la cantidad ascendiera a más de siete millones de euros. Mientras tanto, el equipo de Gobierno suspendía de sus funciones a los trabajadores, que se quedaban con el sueldo mínimo.

En sus primeras comparecencias públicas, el alcalde aparecía solo y sin apoyo institucional. En las últimas ha estado acompañado por la delegada de Hacienda, Marisa Espejo, si bien no ha participado en las mismas. Una de las apariciones que más repercusión tuvo fue aquella que se produjo el 20 de abril y en la que el alcalde cerraba la cifra del robo en 7,6 millones de euros a través de un informe de Intervención.

Unos días antes ya se habían iniciado los contactos con la Unidad de Delitos Financieros para que coordinara los trabajos que se estaban realizando por parte de la Policía Nacional de San Fernando, que continúa llevando el grueso de la investigación.

Las famosas llaves

Los reglamentos sobre el control en las entidades locales ponen de relieve la necesidad de que existan tres llaves de apertura de la Caja municipal, una en manos de los cajeros, otra para la tesorera y la última en posesión del alcalde. Los imputados aseguran que la llave estaba al alcance de todos al encontrarse entre archivadores. Los socialistas comienzan a exigir dimisiones por dejación de sus funciones y el asunto llega a tal extremo que desde Hacienda se firma una carta en la que se exime al primer edil de cualquier responsabilidad, pues no tiene bajo su custodia ningún tipo de llave. La atención se desvía hacia los arqueos y se duda de que se realice de forma diaria, semanal, trimestral y anualmente, tal y como está estipulado por Ley. El Partido Socialista pone el énfasis en tres arqueos que se realizaron entre 2006 y 2007.

La diferencia entre las cifras del arqueo extraordinario en la toma de posesión y aquellas que se reflejan al final de año son millonarias. Llama la atención que desde el Ayuntamiento no se hayan percatado de tales movimientos. Los documentos aparecen firmados por el alcalde, lo que significa que dio su visto bueno sin percatarse realmente de lo que contenían, siempre según la versión socialista.

Despiertan los vecinos

Los ciudadanos comienzan a movilizarse y crean una plataforma para pedir responsabilidades políticas, una petición que también apoya la Federación de Vecinos Isla de León, aunque finalmente decide no incorporarse al movimiento activo. Las concentraciones dejan su huella en los actos públicos con unos mensajes muy claros. Por un lado que se produzcan las dimisiones del alcalde y la delegada de Hacienda y por el otro, la ruptura del pacto entre andalucistas y populares.

La primera reunión se mantuvo el 30 abril en el centro cívico de La Ardila, que completó su aforo. Desde entonces se reúne casi semanalmente para estudiar la situación que vive la ciudad y las acciones a llevar a cabo para lo que consideran «una obligación»: la exigencia de responsabilidad a los dirigentes políticos «encargados de velar por el dinero de los ciudadanos».

Este movimiento vecinal ha recogido ya más de 2.000 firmas con la intención de demostrar que son «muchos con la misma opinión», y aseguran que «no todos los que somos podemos acudir a las concentraciones y protestas y por ello los responsables políticos intentan hacer ver que somos pocos o desprestigiarnos acusándonos de estar politizados, algo que es totalmente falso», expone su portavoz, Manuel Pareja.

Además, tras haberse puesto en contacto con diferentes autoridades políticas entre las que se encuentra el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ahora la Plataforma está en espera de concertar un cita con el delegado provincial del Gobierno, Gabriel Almagro, para transmitir la incertidumbre de los ciudadanos isleños ante la desaparición de los 7,9 millones de euros, según los últimos datos ofrecidos por el Ayuntamiento.

De este modo, Pareja aseguró que «sabemos que debemos esperar a que se levante el secreto de sumario para que se detengan a los responsables del robo, pero tenemos claro que por parte de nuestros dirigentes políticos locales ha habido dejación de funciones puesto que no han cumplido con la Ley de Administraciones locales». Es por ello que los miembros de la Plataforma volverán a reunirse el próximo jueves a las 20:00 horas para acordar nuevas medidas.

Golpe al pacto

El pacto de gobierno se puso en entredicho en las primeras semanas y el PP lo supeditó a la apertura del sumario y a la información que se pudiera extraer del mismo. Aun así, en los plenos queda patente cierta distancia entre ambas formaciones a través de la aprobación de diferentes mociones socialistas que salen al paso curiosamente por unanimidad.

En primer lugar, se realizarán sesiones informativas de carácter extraordinario en la que estarán presentes los portavoces de los grupos municipales. En segundo, se contratará una auditoría externa de carácter privado no sólo sobre el Ayuntamiento sino que también debe extenderse a los organismos autónomos como el Patronato de Deportes o la Empresa Municipal de Suelo (Esisa).

Desde Intervención se acaba la fiscalización de las cuentas y se elabora un informe con las conclusiones de la investigación interna. El 19 de mayo lo da a conocer el alcalde asegurando que la salida del dinero se produce desde el 2004 y asciende a más de 7,9 millones de euros. Sin embargo, siguen siendo los cajeros los únicos implicados en la falta del dinero que salía a través de una «falsa apariencia» que crearon entre lo que había realmente en la Caja y lo que se recogía en el programa informático.

Todo apunta a que el dinero salió billete a billete, aunque unos días después la atención se centra en los valores pertenecientes al Ayuntamiento. Tres meses han pasado y quedan demasiados cabos sueltos.