La Audiencia Nacional revisa hoy la investigación del ataque de Israel a Gaza

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisará entre hoy y mañana el recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez Fernando Andreu de seguir investigando a Israel por un ataque a la franja de Gaza en julio de 2002, en el que murieron un líder de Hamás y catorce civiles. Fuentes jurídicas informaron de que el pleno tiene previsto, si fuera necesario, habilitar más días, y precisaron también que el ponente será el magistrado Juan Francisco Martel.

Precisamente, la semana pasada el Congreso aprobó con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, salvo ERC, IU-ICV y el grupo mixto, la reforma legal que limitará la actuación de la Audiencia Nacional en materia de jurisdicción universal a los casos en los que existan claramente víctimas españolas o en los que los responsables del delito se encuentren en España.

El pasado 29 de enero Andreu imputó al ex ministro de Defensa de Israel Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares de ese país un delito contra la humanidad por un ataque «desproporcionado» en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002, en el que murieron el dirigente de Hamás Salah Shehade y catorce civiles -la mayoría niños y bebés- y resultaron heridas otras 150 personas.

Tras recibir la información solicitada al Gobierno de Tel Aviv para averiguar si estos hechos habían sido investigados allí, el juez Fernando Andreu prosiguió instruyendo el caso, ya que de la documentación facilitada se desprendía que no hubo una diligencia judicial en aquel país.

Documentación

Por su parte, el pasado 2 de abril la Fiscalía pidió el archivo provisional de la investigación, al considerar que de esa documentación se entendía que aún se están investigando estos hechos, lo que se traduciría en la falta de competencia de la Justicia española para instruir la causa. Sin embargo, el magistrado desestimó su petición y el 4 de mayo dictó un auto en el que defendía la competencia de la Audiencia Nacional aduciendo que no consta que la Justicia israelí hubiera investigadi los hechos. Además, sostenía, que, aunque lo hubiera hecho, de la Convención de Ginebra se desprende la competencia «concurrente» del tribunal español, dada la naturaleza de los delitos investigados.

Dos días después, el fiscal recurrió la decisión del juez y pidió a la Sala de lo Penal que la revoque porque, a su juicio, Israel tiene «carácter preferente» para llevar a cabo dicha investigación ya que «está conociendo los hechos».

Según el recurso del fiscal, en Israel ha habido tres investigaciones: una llevada por el fiscal general militar, otra por el fiscal general del Estado de Israel y una tercera por el Tribunal Supremo de aquel país, y cree que todas ellas responden a los «cánones mínimamente exigibles en un Estado de Derecho». Sin embargo, para Andreu, aunque el caso llegó hasta el Tribunal Supremo israelí, éste se limitó a dar por buena «la decisión de la Fiscalía Militar de no abrir una investigación criminal» sobre los hechos.