El tráfico de hachís, ¿un delito barato?

El pasado martes, la Guardia Civil ejecutaba una nueva operación antidroga en Sanlúcar. Mansiones a la vista de todos, coches de lujo y embarcaciones, sólo para salarios pudientes, fueron requisados. Pero en la calle se escuchaba el mismo runrún, el que se basa en la experiencia de anteriores narcos apresados y condenados, que a los pocos años salieron en libertad y regresaron al negocio. Si a esto se suma que rara vez se desmantela por completo el patrimonio que amasan, los mimbres para proseguir con la actividad, incluso desde la cárcel, quedan intactos.

El dato sobre el aumento en un 86% de alijos de hachís incautados en 2008 demuestran que es un negocio vivo. Por eso, las voces partidarias de que en la próxima reforma del Código Penal se articulen medidas para castigar con más contundencia el tráfico de esta sustancia a gran escala, son cada vez más mayoritarias. Un ejemplo común que pone la fiscal antidroga, Ana Villagómez, sirve para argumentar esta postura. El vendedor de una dosis de cocaína se enfrenta a una pena mínima de tres años, pese a que sea utilizado por las propias organizaciones a cambio de garantizarle su propio consumo. Sin embargo, un traficante que maneja toneladas de hachís sabe que será muy difícil que sea sentenciado a una condena superior a cuatro años y seis meses.

Como cualquier debate, también hay quien se postula por no tocar el texto legal, apelar a la reinserción del traficante y acatar la reciente definición del Supremo, que complica la aplicación de agravantes como el uso del buque o el concepto de notoria importancia. Ése es el caso del letrado, con despacho en Sanlúcar, José Álvarez, quien tiene una larga lista de clientes procesados por narcotrádico, entre ellos el conocido Juan Manuel Vargas, alias El Cagalera. «Muchas veces, el endurecimiento de las penas no tiene una respuesta en el efecto disuasorio; la doctrina y los especialistas dicen que por mucho que se puedan elevar las penas en delitos como contra la vida, contra la libertad sexual, violencia de género; su endurecimiento no tiene efecto disuasorio».

Sin agravantes

La redefinición del Supremo sobre ciertos agravantes no es una cuestión baladí. Como indica la fiscal antidroga en su memoria anual, si antes se podían alcanzar penas de hasta siete años por alijos de más de 1.000 kilos, desde que el Tribunal acordó en noviembre del año pasado qué se debía entender por buque y por extrema cantidad, las condenas habituales se quedan por debajo de los cinco.

Y es que los casos que pueden tener una pena agravada se reducen a aquellos que superan los 2.500 kilos y que no sean transportados en semirrígidas o neumáticas -estas embarcaciones no tienen la consideración de buque-. La fiscal Villagómez, ante estas acotaciones dictadas por el Supremo, advierte: «es de prever que los traficantes se cuidarán mucho de que los transportes excedan de dicha cantidad de 2.500 kilos, cantidad desde luego nada despreciable y cuyo beneficio económico es ingente». Pero la realidad es más poderosa, la mayoría de los alijos que se interceptan en el Guadalquivir o en la costa jandeña no superan las dos toneladas y viajan en potentes zódiacs.

La lucha contra el narcotráfico también tiene otros frentes abiertos. Desde hace años, los colectivos antidroga insisten en que la clave para derrocar a los narcos es atacar directamente a su patrimonio. Pero, aquí también, el traficante lleva la delantera. El jefe de la brigada provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional, Teodoro Fernández, reconoce que las obras de ingeniería financiera que levantan los narcos para ocultar sus ganancias «dificultan enormemente las labores de investigación».

Y los medios para derribar esos castillos contables tampoco son suficientes. «A veces los traficantes llevan a cabo actividades lícitas paralelas por lo que es muy complicado separar el patrimonio lícito del ilícito, en ocasiones usan sociedades ficticias, etc.. Deberían reforzarse los grupos policiales encargados de estas investigaciones y tener posibilidad de acceder a los datos laborales, fiscales, bancarios... con inmediatez porque en ocasiones estos organismos tardan en contestar las peticiones de auxilio de la Policía haciendo más complicada la investigación», señala Villagómez. Lo que evidencia que la batalla es desigual y que los narcos llevan la delantera. Queda por tanto una incógnita por resolver: ¿hasta cuándo?

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