Los propietarios temen que la situación actual del PGOU tumbe la regularización

Seis meses después de que el alcalde, José María Román, les prometiera que ellos estarían en primera línea en la negociación para el inicio del proceso de regularización de sus viviendas, los propietarios de las casas construidas al margen del planeamiento en el municipio comienzan a perder la paciencia.

Así lo transmitieron los distintos representantes de las Federaciones de asociaciones de vecinos que están implicadas en este proceso. Rafael Oliver, responsable de una de las entidades más implicadas por el elevado número de asociados a los que afecta la regularización, Pagumo, fue el más tajante. «Nosotros no estamos participando en ningún momento en la reelaboración de las Ordenanzas que se está haciendo; el alcalde nos prometió que estaríamos al tanto de los movimientos, y esperamos que así sea». Sus palabras dejan entrever, aunque con cautela, cierto pesimismo sobre un proceso destinado a dar servicios a 15.000 viviendas y legalizar 18 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado de municipio que no termina de arrancar.

Y es que esta legalización masiva de inmuebles no va a resultar sencilla, y los propietarios lo saben; «estamos convencidos de que para que el proceso salga adelante sin problemas, el PGOU debe estar vigente al 100%; de lo contrario volverán a recurrirlo y todo podría anularse».

Las federaciones esperan que el equipo de Gobierno cumpla su promesa y haga «más asequibles» los costes a los propietarios. Además, exigen la actualización de algunos datos técnicos «de otra época, como por ejemplo la edificabilidad máxima de Pago del Humo, donde el tope que viene en el planeamiento son ya casi las casas que hay construidas», explican.

Urbanismo sigue adelante con su proceso de revisión del PGOU, después de que éste fuera anulado hasta tres veces por el TSJA. El recurso presentado por la Junta y el Consistorio ante el Supremo pretende ganar tiempo para conseguir aprobar un nuevo planeamiento, que deberá estar listo antes de que el alto tribunal pueda anular de forma definitiva el de marzo de 2007.

Diez años y 600 millones

Las primeras estimaciones del coste en tiempo y dinero que harán falta para ordenar el extrarradio chiclanero contemplaban una década de obras y casi 600 millones de euros. Esos datos están ya desfasados, puesto que el inicio de los primeros expedientes sigue dilatándose en el tiempo. La crisis económica y la inestabilidad política han hecho que la regularización adopte formas jurídicas y legales diversas ad hoc. En julio está previsto que se aprueben definitivamente las Ordenanzas que regularán el proceso. Nueve Áreas de Gestión Básica y 15.000 familias esperan servicios y papeles para sus hogares.