La Fiscalía advierte de un posible repunte de la delincuencia avivado por la crisis

Es una primera advertencia, un aviso para navegantes a partir de los primeros indicadores que podrían confirmar una consecuencia previsible de la depresión económica en la que está sumido este país y esta provincia. La suma del desempleo y la escasez de recursos económicos suele dar como resultado un aumento de la delincuencia. Así lo advierte la fiscal jefe de Cádiz en el extracto de su memoria anual que se incluye en el documento-balance de 2008 que difundió ayer la Fiscalía Superior de Andalucía.

Ese primer síntoma que lleva a un posible diagnóstico del presente y futuro más próximo es el aumento de los robos con fuerza en las zonas del interior. «Esta crisis, generalizada en España, tiene matices muy señalados en una provincia que ha pasado de liderar la creación de empleo en Andalucía, por ser zona turística, con un gran volumen de construcción, a ocupar el primer puesto en su destrucción», señala la fiscal jefe, Ángeles Ayuso en la citada memoria. Pero a renglón seguido subraya que será este 2009 el que confirme o no estos primeros augurios.

El resto del balance que hace de la actividad desplegada por el Ministerio Público a lo largo de 2008 se puede resumir en dos grandes campos, que son los que copan la delincuencia en esta provincia: el narcotráfico -uno de cada cuatro detenidos lo son por este motivo- y la construcción ilegal en sus distintas vertientes como la corrupción.

La principal lacra

Las cifras que genera el tráfico de hachís en Cádiz rompen cualquier estadística. Por ejemplo, en 2008 aumentaron las incautaciones de este estupefaciente en un 86%, cuando en 2007 ya se habían duplicado las intervenciones que se efectuaron en 2006; lo que puede tener una doble lectura como así indica la memoria, o los cuerpos policiales son más eficaces -algo que confirma la Fiscalía- o la actividad de los narcos es también más intensa con continuos envíos de cargamento desde Marruecos.

La preocupación que existe en el seno del Ministerio Público no encuentra bálsamo en las condenas que se imponen a los traficantes de hachís. Sin medias tintas, Ayuso afirma que las penas previstas para este tipo de conductas no están sirviendo para disuadir a los narcos, que siguen viendo rentable el negocio. Alijos que se calculan por toneladas no les suponen condenas superiores a nueve años; algo de lo que ya viene advirtiendo la fiscal antidroga, Ana Villagómez.

La lacra del narcotráfico también está resquebrajando la convivencia en determinados puntos calientes de la provincia. La Fiscalía recuerda que algunos de sus efectos son los ajustes de cuentas, las detenciones ilegales, las palizas e incluso el asesinato y plasma en la memoria uno de los tiroteos que en 2008 ocurrieron en la barriada portuense de Los Milagros, infectada por el trapicheo de drogas en sus calles, como ejemplo de las consecuencias que acarrea esta actividad ilegal.

Pero Cádiz dejó de ser un terreno exclusivo del hachís. El Ministerio Público tiene constancia de que la provincia es «vía de paso» para grandes cargamentos de cocaína que tienen como destino los principales puntos de distribución de España y Europa. Los narcos están rentabilizando la infraestructura del hachís para hacer circular la droga más demandada entre los consumidores de la provincia.

Poca cocaína requisada

Uno de los datos que aporta la memoria para refrendar esta afirmación es que los adictos al polvo blanco que solicitaron ayuda en 2008 al servicio de asistencia de la Diputación constituyeron el 34,16% del total de solicitantes. Sin embargo, la constatación de que está circulando mucha cocaína no tiene repercusión en las incautaciones de estas sustancias. «La intervención de 382 kilos en 2008 es preocupante, si bien lo es mucho más conocer sobradamente que la zona recibe en tránsito cantidades que hacen ridícula esta cifra».

Para hacer más eficaz la lucha contra el narcotráfico, la Fiscalía gaditana recoge el guante lanzado por colectivos antidroga como la Federación Redein, que han solicitado la creación de juzgados específicos en esta materia, como ocurre con violencia de género. Esa reivindicación está plasmada en la memoria como reforma «imprescindible».

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