El Ministerio de Trabajo apuesta por las empresas privadas de recolocación

El Ministerio de Trabajo e Inmigración defiende la regulación de las empresas privadas de recolocación que saquen provecho económico por su labor y tengan incidencia positiva en el mercado laboral. Así lo ha dejado claro la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo. Este tipo de compañías opera ya en España pero sin soporte legal. Normalmente cobran a los empleadores que solicitan sus servicios y se muestran satisfechos de los resultados obtenidos. Su instauración es, además, una de las reivindicaciones prioritarias de Convergencia i Unió (CiU). Por lo tanto, su puesta en marcha aliviaría algo la débil situación aritmética del PSOE en el Congreso de los Diputados y, sobre todo -según sus defensores- corregiría el rotundo fracaso de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) a la hora de casar ofertas y demandas.

En la anterior legislatura, el Gobierno, las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CC OO y UGT ya debatieron la medida e, incluso, hablaron del modelo a seguir con aplicación en un ámbito muy determinado, pero al final las conversaciones no prosperaron y el proyecto volvió a meterse en un cajón. Por otro lado, la regulación de las empresas de recolocación con ánimo de lucro pondría fin al monopolio gratuito de intermediación laboral de los SPE (antiguas oficinas del INEM) después de más de 30 años de existencia.

El INEM fue creado por Real Decreto-Ley en 1978 para gestionar la política de empleo, facilitar servicios sin coste alguno para empleadores y empleados y formar a los desocupados, pero desde sus comienzos fue un fracaso a la hora de casar ofertas y demandas. En 1995, el Gobierno de entonces, socialista como el actual, dio su consentimiento a las agencias privadas de colocación, que quedaron legalizadas como entes que no podían obtener beneficios. La labor de las agencias no mejoró la situación.

Rechazo

Ahora, la secretaria general, en un artículo de opinión, mantiene que en el contexto de «mejora continua de los servicios públicos de empleo» cabe «también plantear» la regulación de las empresas de recolocación. A su juicio, la iniciativa debería coincidir con las fórmulas aplicadas en otros países de Europa. Rojo argumenta que «reforzar» la intermediación laboral «no sólo es necesario para afrontar la coyuntura actual», sino muy especialmente para «contribuir al cambio de modelo productivo que necesitamos».

Pero los sindicatos no se muestran proclives a convivir con las empresas de recolocación. Al menos de momento. Reclaman urgentemente la reestructuración de los SPE con dotaciones económicas y nuevos recursos humanos. Otras fuentes del Ministerio y varias voces del PSOE explican que se trataría de «ampliar los servicios sociales». «Su labor sería muy especializada, siempre bajo el control de los SPE, organismo que ya ha demostrado que no puede ocuparse de lleno de la intermediación porque carece de capacidad y porque su fin primordial es la atención a los parados en general», añaden.

Maravillas Rojo también destaca el papel de las nuevas tecnologías en las funciones laborales. Resalta que esa mejora permanente de los servicios públicos comporta que su posicionamiento global en Internet debe estar adecuado al contexto actual. A su juicio, las oficinas de empleo son instrumentos que deben estar «entre los portales de búsqueda más utilizados» porque facilitar la colocación a través del encuentro entre quienes ofrecen y quienes buscan una colocación permitirá potenciar los procesos de intermediación, propios de la gestión autonómica y que éstos actúen de modo complementario a la red virtual.