La Junta envía al Parlamento la ley de muerte digna, pionera en España

Proporcionar una sustancia que provoque la muerte de un paciente que ha declarado su voluntad de morir se considera eutanasia o suicidio asistido. Ambas posibilidades se encuentran tipificadas por el Código Penal español como delitos.

La Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad en el Proceso de la Muerte -conocida como ley de muerte digna- no contempla ninguno de estos supuestos, pero sí supone un importante avance para aquellas personas que opten por no alargar su agonía o por evitar sufrimiento, aunque los remedios para paliar su dolor aceleren su fallecimiento.

Andalucía ha vuelto a dar un paso de gigante en la batalla por los derechos sociales con la aprobación de este Proyecto de Ley por parte del Consejo de Gobierno. La norma pasa ahora al Parlamento para su tramitación. María Jesús Montero, consejera de Salud, expresó ayer su deseo de que PP e IU apoyen una iniciativa que emana del Estatuto de Andalucía, que aprobaron las tres formaciones con representación en la Cámara autonómica.

«Espero que el ala más moderada del PP, que es la que más sintoniza con la sociedad andaluza actual, triunfe en el debate interno que esta Ley va a abrir en el PP y permita que este partido apoye su tramitación en el Parlamento», expuso la consejera Montero.

Sobre la postura de IU, comentó que confía en que la coalición de izquierdas, una vez que presente las enmiendas que considere oportunas, le dé su visto bueno sin problemas.

Novedad

Si esta ley no tolera la eutanasia ni el suicidio asistido, ¿dónde está la novedad? La norma aprobada ayer por el Consejo de Gobierno habilita a cualquier andaluz a rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida. La futura ley, primera que se aprobará en España sobre la materia, reconocerá el derecho de los ciudadanos andaluces a declarar la voluntad vital anticipada, que deberá respetarse tal y como se establece en el Estatuto de Autonomía.

El proyecto ha sido redactado con el acuerdo y las aportaciones de más de 60 colectivos, principalmente de profesionales, sindicatos y asociaciones científicas, y regula el derecho del paciente a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa y cuidados paliativos integrales en su domicilio, siempre que no estén contraindicados y la persona así lo desee.

Intimidad

La intimidad personal y familiar y la protección de todos los datos relacionados con el proceso de atención sanitaria están garantizadas y el paciente podrá estar acompañado por su familia durante el proceso de la muerte. Aquellos que tengan que ser hospitalizados tendrán derecho a una habitación individual durante su estancia, tanto en el ámbito público como en el privado. Las instituciones deberán proporcionar apoyo y asistencia a la familia de la persona en situación terminal, así como garantizarle una atención integral durante el duelo.

El proyecto de Ley dispone que los profesionales sanitarios deberán informar al paciente sobre el proceso clínico y respetar las decisiones que éste tome una vez hecha la indicación facultativa. De igual modo, estarán obligados a transmitir información sobre el derecho a formular la declaración de voluntad vital anticipada y consultarla en aquellos casos en que esté redactada y la persona no pueda expresar sus preferencias.

De esta forma, la futura ley solventa situaciones como la vivida en 2007 con Inmaculada Echeverría, cuando la Orden Hospitalaria San Juan Dios pidió su traslado del Hospital San Rafael de Granada, dependiente de la citada orden religiosa y donde permanecía la enferma, a otro centro de titularidad pública y una vez se autorizó la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida.