«Es el juez, y no el PSOE, quien tiene que decir si los contratos son legales»

Tras la reacción el sábado del Gobierno local, ayer fue la oposición quien quiso dar su opinión sobre el hecho de que la jueza haya decidido abrir diligencias para investigar cómo se contrató a 19 asesores del Gobierno de Pilar Sánchez, tal y como pidió el ex alcalde Pedro Pacheco. Mientras que el Ayuntamiento insistía en la «plena legalidad» de los contratos y en que estos se hicieron bajo acuerdo de Pleno (o sea, con «luz y taquígrafos»), la portavoz del PP local, María José García-Pelayo, fue la más contundente al afirmar que «no es la única cosa por la que Pilar Sánchez tendrá que dar explicaciones respecto a los contratos de sus cargos de confianza».

Así, María José García-Pelayo recordó que la recientemente constituida Asociación de Técnicos Municipales, al igual que el Partido Popular, han denunciado ya la situación de los 180 altos cargos municipales. Respecto a la «plena legalidad» que asegura el Ayuntamiento que se ha seguido en el caso de los 19 asesores aludidos por la defensa de Pacheco, «Pilar Sánchez y el PSOE no son quienes tienen que decir si se ha cumplido la Ley; eso quienes lo tienen que decir son los jueces».

Asimismo, los populares criticaron la «caótica política en materia de personal» que llevan a cabo los socialistas en el Ayuntamiento de Jerez. Sobre todo, cuando fueron ellos mismos, recordó la portavoz popular, quienes «abanderaron como oposición la denuncia contra la contratación de personal que llevaba a cabo el Gobierno del PSA».

La situación, para María José García-Pelayo, es bien sencilla: «Se han convertido en alumnos bien aventajados» .

Por ello, y en definitiva, lo que el PP quiere son «explicaciones». Y «ya que a los políticos no nos las dan, pues las tendrán que dar en los juzgados». Algo que no gusta, en principio, a los populares, pues a su juicio «no da buena imagen a la ciudad aparecer constantemente en los medios de comunicación por denuncias como ésta».

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida Joaquín del Valle indicó a este medio que «hay que recordar cuál ha sido nuestra posición en este asunto desde el principio: creíamos que era innecesario nombrar a veintitantos asesores», 19 de los cuales son aquellos cuyos contratos quiere investigar ahora la jueza.

«Con menos gente, más ahorro de la Administración local y más dinero para atender otras necesidades más urgentes», destacó el edil de IU. «Fundamentalmente -prosiguió Del Valle- las empresas que prestan al Ayuntamiento el servicio de limpieza, atención a personas dependientes», etcétera. Y es que hay muchas mujeres que prestan dichos servicios en las concesionarias y «que cobran un salario por debajo de los 800 euros mensuales». Por otro lado, Del Valle también criticó el «nivel» que tiene la Justicia en España, ahora precisamente que los organismos internacionales están advirtiendo, recordó, de la «falta de transparencia cada vez mayor que hay en los partidos políticos».

Enésimo capítulo

Todo esto lo subraya la oposición, hay que decir, después de que la jueza del número 3 de Instrucción de Jerez haya ordenado abrir un procedimiento para investigar cómo se contrató a 19 asesores del Ayuntamiento jerezano. Los mismos que citó la defensa de Pedro Pacheco en un escrito que presentó en marzo donde solicitaba la comparecencia de la alcaldesa Pilar Sánchez en calidad de imputada para que informara sobre qué tipo de oferta pública se abrió para incorporar a estos trabajadores, que a día de hoy desempeñan sus funciones no solamente en departamentos dependientes de la Alcaldía, sino también en el grupo municipal socialista.

El escrito del ex primer edil y ex delegado de Urbanismo jerezano se encuadra dentro de su estrategia de defensa en el procedimiento que el mismo juzgado tiene abierto contra él y dos compañeros de partido, Manuel Cobacho Márquez y José López Benítez. Los tres están imputados por delitos de malversación y falsedad documental en el llamado caso de los asesores.

Todo comenzó cuando la Fiscalía Anticorrupción los denunció a partir de una documentación remitida por la propia alcaldesa, donde dejaba entrever que Pacheco había colocado a José López y Manuel Cobacho en dos sociedades municipales (Speed Festival y Emusujesa) para que ejercieran de asesores sin contar con los consejos de administración de ambas empresas. Además, éstos no dejaron constancia, según el escrito presentado por el Ministerio Público, de que realizaran trabajo alguno. Pacheco declaró la guerra a la que fuera su socia política, lo que de momento se ha concretado en este nuevo paso.