Familiares de desaparecidos en la Guerra Civil se solidarizan con el juez

Asociaciones que reivindican la memoria histórica de los perdedores de la Guerra Civil presentaron ayer ante el Tribunal Supremo 103 escritos en los que otras tantas personas se autoinculpan de haber sido «inductores y cooperadores necesarios» en la decisión del juez Garzón de investigar los crímenes del franquismo, lo que le ha valido una imputación por prevaricación.

Los colectivos, agrupados en torno a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), aseguran que fueron cómplices del delito que se imputa al instructor porque fueron los que facilitaron documentación y datos para localizar las fosas donde están los cuerpos de los represaliados. Según los escritos, ellos fueron la «causa última, mediata e inmediata» de las decisiones de Garzón en este proceso.

Esas mismas agrupaciones también han reclamado ser parte en la causa abierta el pasado 27 de mayo por la Sala de lo Penal del alto tribunal tras admitir a trámite la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el instructor de la Audiencia Nacional.

Recusación

En los escritos presentados por el abogado de la ARMH Fernando Magán, los familiares de desaparecidos recusan a todos los magistrados que acordaron investigar a Garzón y, en particular, al ponente de la resolución, Adolfo Prego. Alegan los reclamantes que este juez es patrono de honor de la ultraderechista Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) y consta su firma en manifiestos contra la Ley de Memoria Histórica.

Los familiares argumentan que Prego tiene una clara «posición política» sobre el franquismo y que ha tenido una «relación directa o indirecta» con los querellantes contra el régimen que es de animadversión. Siempre según la asociación, DENAES mantiene una relación muy estrecha con Manos Limpias, hasta el punto de que ambos colectivos suelen participar en actos de signo ultraderechista.

El otro argumento de ARMH es que la sala que deberá decidir sobre la suerte de Garzón es la misma que archivó la querella de Carmen Negrín, nieta del que fuera presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín, contra los jueces de la Audiencia Nacional que acordaron paralizar la apertura de fosas de republicanos.