Tarifas claras

El próximo 1 de julio se producirá la liberalización total del mercado eléctrico español, un cambio de calado que alineará a nuestro país con las exigencias de Bruselas y que ampliará, sobre el papel, las opciones de que dispone el consumidor para configurar su factura de la luz. Pero el proceso está aún rodeado de tales incógnitas que complica que tanto los usuarios concernidos como las comercializadoras de la llamada Tarifa de Último Recurso -el precio máximo que deberá determinar el Gobierno- estén en condiciones reales de poder adaptarse a la reforma que entrará en vigor en apenas un mes. Prueba de ello es que en las comunicaciones que las compañías han comenzado a remitir a los hogares se detalla la lista de las comercializadoras con las que se puede contratar el suministro pero no se realiza ninguna oferta concreta al cliente, algo lógico teniendo en cuenta que el Ejecutivo todavía no ha fijado la tarifa y que se desconoce qué proyección tendrá en ella la evolución de los precios energéticos.

Las denuncias de las asociaciones de consumidores sobre la falta de información acerca de una iniciativa que afecta a los 23 millones de usuarios con una potencia contratada inferior a los 10 kilovatios, unidas a las prevenciones de la Comisión Nacional de la Energía y a las dudas que planean sobre el 'bono social' para colectivos desfavorecidos, dibujan un panorama confuso que el Gobierno debe despejar a la mayor brevedad posible. Los gastos domésticos preocupan a las familias, y más en una época de crisis económica como la actual. Por ello, es más necesario aún si cabe que las nuevas medidas sean dadas a conocer y se apliquen con claridad y transparencia.