El presunto estafador de Red Casa sale en libertad tras aceptar el juez la fianza

Luis Manuel García, uno de los dos imputados en la operación Burbuja Inmobilaria y presunto coautor de una estafa de más de 900.000 euros, salió en la tarde de ayer de la cárcel de Puerto II, en libertad condicional con cargos, dos meses y medio después de haber sido detenido. El juez ordenó ayer esta medida cautelar por resolución judicial, después de que la Fiscalía diese por buena la fianza de 70.000 euros pagada por los padres de Luis Manuel hace un mes, con la entrega de dos bienes inmobiliarios de su propiedad.

Ana SuárezGaliano, la segunda imputada en el caso y compañera de negocios de Luis García, permanece aún en prisión provisional, encerrada en la cárcel de Puerto III, porque las viviendas entregadas como fianza por parte de sus progenitores no ha sido suficiente para cubrir los 70.000 euros impuestos por el juez, ya que en caso de pagar con fianza hipotecaria, el valor de los inmuebles debe duplicar la cantidad.

Ayer, en la puerta del centro penitenciario de Puerto II, los familiares d e Luis Manuel García protagonizaron un encendido enfrentamiento con los medios de comunicación, e intentaron impedir que los fotógrafos tomaran imágenes. Tras un breve rifirrafe sin consecuencias, el propio Luis Manuel García apaciguó la tensión y medió por sus padres, a los que disculpó los nervios y la conducta «por haber pasado dos meses y medio con su hijo en la cárcel», aseguró. «Entendednos, se han dicho muchas mentiras acerca de mí, me han amenazado y mis padres los han pasado muy mal», explicó ya traspasada la garita de la cárcel.

Aunque ha recuperado la libertad, Luis deberá presentarse cada quince días en los juzgados para firmar y garantizar así que no incumple la libertad condicional impuesta por el juez, ya que aún sigue estando imputado en el proceso, por varios delitos de estafa y uno de falsedad documental.

La investigación policial, llevada a cabo por la unidad contra el crimen organizado Udyco III de la Comisaría de Cádiz, ha relacionado tanto a Luis Manuel como a Ana, con cuatro estafas relacionadas con el negocio inmobiliario.

Uno de estos fraudes fue cometido supuestamente contra 21 clientes de la agencia inmobiliaria Red Casa (propiedad de Luis), que compraron casas que ya habían sido vendidas con anterioridad. Los imputados, además, podrían haber cobrado a estos afectados diversos adelantos de compra, con los que obtuvieron hasta 180.000 euros. El contrato de compraventa establecía que la inmobiliaria debía devolver este dinero en caso de que una de las dos partes se arrepintiese de la adquisición, pero sólo en un caso se reembolsó la cantidad.

Según la versión de los imputados, los plazos de devolución aún no se seguían vigentes cuando fueron detenidos. Y en todo caso, la devolución cabría enjuiciarla por la vía civil como una deuda, y no por la vía penal, como una estafa.

Intención de engaño

Sin embargo, desde la investigación policial se considera que la venta de las viviendas a varios clientes conlleva una intención de estafa por parte de Luis y Ana (la dueña de las viviendas), con la intención de cobrar los adelantos.

La segunda parte de la operación Burbuja se centró, sin embargo, en tres supuestos fraudes bancarios con los cuáles Ana Suárez y Luis Manuel obtuvieron más de 760.000 euros, hipotecando tres viviendas que compró Ana. Las mismas vendidas a los afectados.

Según las diligencias policiales, la contratación de los créditos se llevó a cabo con documentos falsos, con los que pretendían engañar a los bancos para obtener un dinero que no devolvieron. Esta intención de engaño lleva a la Policía a considerar la tramitación de las hipotecas como una estafa a los bancos, y no un simple impago de créditos. Además, añaden una imputación por falsedad documental.

Varios clientes afectados se han personado ya en la causa penal, en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Cádiz que lleva el caso. En cambio, las entidades bancarias supuestamente estafadas han optado por no llevar a cabo la acusación particular y se han limitado a ejecutar las hipotecas. El procesamiento penal por el fraude bancario quedaría, por tanto, en manos del Ministerio Público.

mgarcia@lavozdigital.es