Una política inútil

La idea de que una persona pueda ser multada por ofrecer ayuda a un inmigrante ilegal es miserable. Pero suponer que esta medida va a contribuir de algún modo a frenar la inmigración irregular va más allá de la ingenuidad. En contra de los hechos y de sus principios, Europa insiste una y otra vez en las mismas políticas inútiles. Hemos manoseado los derechos de los extranjeros hasta crear lo que en la práctica supone una sociedad de ciudadanos de primera y segunda clase.

Los primeros meses de la crisis económica nos han ofrecido valiosas lecciones en este ámbito. La restricción férrea del movimiento internacional de trabajadores fracasa durante los años de prosperidad porque impide a la economía absorber la mano de obra que necesita, y eso genera verdaderos imanes para la inmigración irregular. Pero fracasa también durante los años de recesión. A pesar de no encontrar trabajo, los inmigrantes indocumentados que han pasado por un infierno para llegar a nuestros países difícilmente se arriesgarán a dar marcha atrás, porque nadie les garantiza una nueva oportunidad en el futuro. Según los datos del Gobierno, sólo 4.000 trabajadores extranjeros se han acogido a las medidas de retorno, cuando el número previsto era de un millón.

El primer paso es abandonar el dirigismo soviético que ha caracterizado la política migratoria hasta este momento. El modelo de contratos en origen es equivalente a producir sólo el número de automóviles que tengan previamente asignado un comprador. En un sistema racional, los flujos de inmigrantes deberían ser establecidos de acuerdo a la evolución prevista de los mercados de trabajo, y ajustados según las circunstancias. Se ofrece al trabajador y a sus países de origen la oportunidad de una emigración segura durante varios años, y la posibilidad de repetir la experiencia en el futuro. Combinadas con políticas activas de desarrollo que potencien el uso de las remesas y el dinamismo económico de los retornados, estas medidas permitirían hacer de la emigración una herramienta eficaz de lucha contra la pobreza.

Como recordaba hace pocos días The New York Times, el sufrimiento y la indefensión de millones de inmigrantes es posiblemente la mayor crisis de los derechos humanos a la que enfrenta la nueva Administración estadounidense. No creo que se pueda decir nada menos del caso europeo. Hay que cuestionar abiertamente la idea de que la inmigración irregular es un crimen que desposee a los individuos de sus derechos más básicos. En un mundo marcado por diferencias obscenas de ingreso y desarrollo, nuestros empleos y nuestro bienestar no nos pertenecen, y la libre movilidad de los trabajadores constituye un derecho fundamental.