ACUSACIÓN. Los miembros del grupo popular, en el último Pleno municipal. / ROMÁN RÍOS
SAN FERNANDO

El PP se personará como acusación particular por el desfase en la Caja

Los abogados de los dos imputados anuncian que pedirán daños y perjuicios si los populares mantienen esta postura El PSOE exige a los sindicatos que rompan el pacto de silencio y cumplan con su «responsabilidad social»

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El Partido Popular de San Fernando ha anunciado que, de abrirse un proceso judicial por las presuntas irregularidades en la Caja municipal del Ayuntamiento, de la que habría desaparecido desde el año 2003, 7,6 millones de euros, se personará como acusación particular. La presidenta local del PP, Carmen Pedemonte, aseguró que esta decisión «es un paso más para reforzar la postura adoptada por el PP como garante de la claridad y transparencia de este desagradable asunto».

A este respecto los abogados de los únicos imputados por el momento, Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celi, ambos funcionarios de la delegación de Economía y Hacienda, explicaron que»el PP no podrá personarse como acusación particular porque no son los afectados; en cualquier caso, lo harían como ejercicio de acción popular, como podría hacerlo cualquier ciudadano, pero tendrán que valorar que puede ir seguida de una causa por daños y perjuicios», explicó Juan Manuel Priego. Ambos abogados convocarán una rueda de prensa conjunta cuando se levante el secreto de sumario sobre el caso, porque según explicaron «hay muchas cosas que decir».

Responsabilidad social

Los que también tienen mucho que decir pero por el momento han preferido mantenerse en silencio son los sindicatos del Ayuntamiento. Tras conocerse que habrían acordado un pacto de silencio con el alcalde de la ciudad, Manuel María de Bernardo (PA), el portavoz del Partido Socialista, Fernando López Gil, señaló que «les he trasladado que no estoy de acuerdo con la decisión que han tomado porque tienen una responsabilidad social». El socialista aseguró no dar «crédito de que estén callados» y explicó que «el pacto tiene carácter temporal».

Según ha podido conocer este periódico, este pacto de silencio entre los cuatro sindicatos con representación en el ente local y el alcalde isleño podría romperse en pocos días al haber cada vez más discrepancias de posturas entre los diferentes grupos sindicales.

Además, Pedemonte exigió reforzar las medidas de seguridad en la gestión de la Caja municipal. Así, propuso que sea gestionada cuanto antes por una entidad financiera, ya que considera esta alternativa como la opción que ofrece «mayores garantías de control, independencia y seguridad». La presidenta local del PP, explicó que «la gestión que se realiza en el edificio municipal, puede concertarse a través de la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y una entidad, tal y como ya se hace en otras ciudades». Además la edil municipal insistió en que esta medida deberá ponerse en marcha «cuanto antes» para que «el ciudadano recupere la confianza en la gestión municipal, y mientras que el proceso judicial sigue su curso, la gestión diaria tiene que seguir con las máximas garantías».

Plataforma ciudadana

Los que ya han decidido tomar cartas en el asunto son los ciudadanos. Un grupo de ellos, conformados en una plataforma ciudadana, se reunirán mañana, en el centro cívico de La Ardila, para decidir «qué medidas de protesta llevarán a cabo», y pedir la adhesión individual de los isleños, y de los colectivos a un manifiesto para -según declararon en un comunicado- «exigir responsabilidades al Gobierno municipal, ya que ningún político asume su responsabilidad en este robo».