Los servicios antiterroristas niegan haber hurtado «jamás» información a la Fiscalía

Las palabras de Cándido Conde-Pumpido han provocado un enfado de importantes proporciones entre los responsables de la Comisaría General de Información de la Policía, los servicios antiterroristas a los que el fiscal acusó de ningunear al Ministerio Público. En la sede policial de la carretera de Canillas en Madrid, donde se ubica la comisaría, la polémica era comentario general en los despachos. Y la conclusión de funcionarios y mandos era la misma: «jamás se ha hurtado información» a la Fiscalía en ningún tipo de investigación, y mucho menos referente a ETA.

Nadie en Canillas entiende los reproches de Conde-Pumpido porque la relación de la comisaría general con la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha sido siempre «muy fluida», tanto en épocas anteriores como con el actual responsable de ese departamento, Javier Zaragoza.

Los responsables de los servicios de Información aseguran que, junto a los jueces, los fiscales de la Audiencia Nacional, bien directamente o a través de los instructores, reciben de «manera regular y anticipadamente» informaciones del desarrollo de las investigaciones. Además, los policías recuerdan que nunca se desatan operaciones antiterroristas si no hay un acuerdo tácito entre el magistrado y el fiscal de que hay datos suficientes para mantener las acusaciones. Los expertos del CNP, insisten, siempre mantienen informado al Ministerio Público porque son conscientes de que si la Fiscalía no ve claro el asunto la operación podría ser «un gran fiasco».

En el caso concreto de las investigaciones sobre las listas de la izquierda 'abertzale' a las que se refirió Conde-Pumpido, la CGI reconoce que los datos no se entregaron directamente a la Fiscalía porque Garzón los reclamó primero para la causa penal en la que, obviamente, es parte el Ministerio Público. Una institución que, de hecho, ha usado esos documentos para instar las ilegalizaciones de las herederas de Batasuna.