VILLAMARTÍN

Tomarán medidas legales contra el anterior Gobierno Local por el agua

El actual equipo de Gobierno (PSOE) iniciará un procedimiento para exigir responsabilidades al anterior (PA-PP) por su «nefasta gestión»

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El alcalde de Villamartín, José Luis Calvillo (PSOE), acompañado por el abogado Francisco Llamas, que representa al Ayuntamiento villamartinense, dio a conocer ayer que se va a iniciar el proceso para tomar acciones legales contra la Corporación municipal que firmó el contrato de cesión del ciclo del agua con Aqualia. Esta situación se produce después de que el juzgado haya dado la razón a la empresa en el proceso que se inició tras la retirada del servicio a la misma, a favor de la empresa pública mancomunada Aguas Sierra de Cádiz.

Llamas concretó que se abrirá proceso judicial independiente al tema de Aqualia, que también se recurrirá, siguiendo un informe jurídico previo que necesitaría la aprobación por acuerdo plenario. «Entendemos que se deben emprender acciones legales contra aquellas personas que realizaron una estafa al ciudadano y una repercusión indebida de cuanto menos un millón de euros», aseguró el abogado.

Por otra parte, Calvillo aseguró que esta última sentencia que da la razón a Aqualia es «sólo un paso más y seguiremos adelante porque hay administraciones, como el Consejo Consultivo de Andalucía, y la sentencia del Juzgado Administrativo de Jerez que nos dieron la razón». También recordó que el Ayuntamiento con lo que no está de acuerdo es con los conceptos tarifarios que se aplicaron porque «no repercutían en el beneficio de los ciudadanos».

«Gestión nefasta»

El actual equipo de Gobierno del PSOE entiende que el que formaban el PA y el PP llevó a cabo una «gestión nefasta» que justifica la petición de responsabilidades a los responsables de la firma de la concesión. El letrado comentó que en la auditoría realizada «se han contabilizado un mínimo de 17 obras que se les imputó a los ciudadanos de manera ilícita, lo que ha supuesto una cantidad de más de un millón doscientos mil euros que se ha cobrado indebidamente al ciudadano», consideran desde el Ayuntamiento.