Lo penal y lo político

L a declaración como testigos de los forenses turcos en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la identificación de las víctimas del Yak-42 resulta totalmente lógica para dilucidar la verdad 'procesal' y determinar la responsabilidad 'penal' de los militares españoles acusados de un presunto delito de falsedad documental. Para determinarla, el tribunal necesita contrastar la versión de éstos con la de aquéllos, pues en definitiva se trata de averiguar si los militares españoles repatriaron los cuerpos sabiendo que no estaban correctamente identificados y, ya en nuestro país, suscribieron los correspondientes certificados de defunción sin acreditar la veracidad de su contenido. El artículo 390 del Código Penal castiga con penas de hasta seis años y otros tantos de inhabilitación a la autoridad o funcionario público que cometiere dicha falsedad a conciencia. De ese delito acusa la Fiscalía. Si en el transcurso del juicio se detectara la posible responsabilidad penal'del entonces Ministro de Defensa, Federico Trillo, el Tribunal tendría que imputarle la participación en ese delito de falsedad (por inducción o cooperación). Quienes declaran estos días ante la Audiencia pueden aportar indicios solventes en esa dirección. Y podría ocurrir que, como en la novela de James M. Cain, el cartero llamara por segunda vez al ex ministro para sentarle en el banquillo, algo de lo que se libró respecto a la inseguridad del vuelo accidentado, para cuyo encubrimiento se incumplieron, precisamente, los trámites legales de repatriación.

Con independencia de todo ello, la responsabilidad política no se dilucida ante un tribunal sino ante la sociedad, que elige a sus representantes para que gestionen correctamente los asuntos públicos. Puede que, al final, se llegue a la conclusión de que los militares españoles actuaron precipitadamente, pero sin ser conscientes de la falsedad que cometían. Sin embargo, el cúmulo de irregularidades acreditadas por las autoridades del Ministerio de Defensa, con la culminación macabra de las exhumaciones de cadáveres y su identificación, varios años después, sería motivo sobrado para que el responsable del Ministerio en aquel momento respondiera políticamente -no lo ha hecho aún- por su ineptitud para ejercer como representante del pueblo.