El PP forzará la dimisión de Bárcenas cuando el Tribunal Supremo le impute

La defensa sin fisuras que Mariano Rajoy presta a su tesorero, Luis Bárcenas, llegará hasta el Tribunal Supremo. La dirección popular está tan convencida de la inocencia del que fue su gerente durante casi dos décadas que no se plantea provocar su dimisión, como piden las bases. Fuentes del equipo del presidente del PP explican que sólo tomarán una medida disciplinaria de carácter interno cuando se pronuncie sobre su culpabilidad un tribunal «distinto a Garzón».

El cierre de filas de la cúpula con los aforados nacionales -Bárcenas y el eurodiputado Gerardo Galeote- tiene su origen en la convicción de que Baltasar Garzón emprendió una cacería contra el partido sin importarle las pruebas inculpatorias, y tomó al tesorero como rehén. Incluso hay quien asegura que la policía que investigó la 'trama Gürtel' lo hizo espoleada por esta supuesta obsesión del juez de la Audiencia Nacional. «Todo lo que se ha hecho es una barbaridad desde el punto de vista judicial», asegura un miembro de la dirección que ha repasado con su jefe de filas las actuaciones contra el entramado de Francisco Correa.

La preocupación es una constante en la séptima planta de la sede del PP, donde están instalados el presidente y la secretaria general del partido, pero Rajoy ha dejado claro en todas las reuniones de estrategia, en las que Federico Trillo marca las pautas jurídicas, que el objetivo es contraatacar a la «ofensiva anti-PP» que atribuye a Garzón.

El punto débil de esa estrategia es que «la situación evoluciona mucho en cuestión de horas», como reconoce uno de los asesores del presidente, que no excluye que las cosas cambien y sea necesario adoptar otra actitud en función de los acontecimientos que, en todo caso, tendrán que estar marcados por una nueva autoridad judicial.

Todas las fuentes populares consultadas creen que la causa acabará en el Tribunal Supremo por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aunque este trámite, por sí mismo, no implicará respuesta política por parte del PP. Posteriormente, si el alto tribunal asume su competencia en el caso y abre diligencias para investigar a los aforados, con la consiguiente tramitación del suplicatorio, Rajoy estudiará de nuevo la situación.

Los contenidos del auto judicial de que se trate y los argumentos de los recursos que presenten los afectados marcarán la pauta de actuación del PP, que no tendrá más remedio que provocar la caída de Bárcenas y Galeote si resultan imputados por el Supremo. Pero, a juzgar por sus recientes declaraciones, el líder del partido cree que no llegará ese momento, percepción que no es compartida ni siquiera por los miembros de la dirección que le rodean. Las opiniones son distintas según de quién se trate y el ámbito al que afecte.

Dimisiones

Mientras el presidente del partido mantiene una fe ciega en sus dos aforados, en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre practica una política diferente que se sustanció con múltiples dimisiones en cadena de todos los afectados. El criterio que se aplica es separar a los implicados en las causas judiciales -estén o no imputados- de sus responsabilidades ejecutivas. Los alcaldes tuvieron que dimitir cuando aparecieron sus nombres en los autos judiciales. También se vieron obligados a dejar sus puestos el presidente del Mercado Puerta de Toledo, el consejero de Deportes y el portavoz adjunto del grupo parlamentario, que renunció al puesto el pasado jueves aunque antes había renunciado a la presidencia de la comisión de investigación sobre el espionaje en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, los tres diputados autonómicos encausados conservan su escaño y, por lo tanto, su aforamiento.

Ya advirtió en su día Dolores Cospedal que la exigencia de responsabilidades políticas dependería de las circunstancias que confluyeran en cada caso: cariz de la acusación, situación jurídica del afectado y relevancia de su cargo. No es de extrañar que la dirección del partido no se atreva a tomar medidas drásticas con algunos de los aludidos en los autos de Baltasar Garzón. Éste es el caso del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y su mano derecha y secretario general del partido, Ricardo Costa.

Además, los expertos penalistas que asesoran al PP han asegurado a Rajoy que es más que probable que Camps nunca sea condenado por la supuesta admisión de regalos que le habría proporcionado el responsable del entramado corrupto en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez. Las mismas fuentes aseguran que el abogado del presidente valenciano dispone de pruebas para demostrar que pagó sus trajes en metálico y que fue el empleado de la firma Forever Young quien se quedó con el dinero y ocultó el desfalco con supuestas facturas falsas de las empresas de Álvaro Pérez.

Los populares, que viven al día en lo que al proceso judicial de la trama corrupta se refiere, ven con pesar el inexorable traslado de la causa al Supremo porque, sin duda, arrastrará al alto tribunal las diligencias que afectan a la Comunidad Valenciana. El PP preferiría que fuera el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que resolviera sobre los asuntos que afectan a Camps y Costa.

Por el momento, la causa sigue en manos del Tribunal Superior de Justicia valenciano que el pasado jueves acotó su investigación a los presuntos sobornos a Camps y Costa, con lo que dejó el caso Gürtel en manos del tribunal homólogo madrileño, que será el que en pocas semanas tropiece con el aforamiento de Bárcenas y Galeote.