Esperanza Aguirre critica que el Gobierno ponga en el mismo nivel la Ley de Cajas y el Plan Ibarretxe

La presidenta de la Comunidad de Madrid no está de acuerdo con el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central presentará mañana contra la Ley de Cajas que aprobó la Asamblea autonómica hace tres meses. Esperanza Aguirre no sólo considera que la norma es constitucional sino que tampoco comparte el procedimiento utilizado por el Ejecutivo: el mismo que empleó para paralizar el Plan Ibarretxe: "¡Cómo si introducir un cambio mínimo (...) fuera un ataque a la Constitución de la envergadura del Plan de Ibarretxe!".

Aguirre ha calificado de "desproporcionado" que el Gobierno central recurra la Ley de Cajas madrileña por el mismo método que el Plan Ibarretxe, es decir, acudiendo al Tribunal Constitucional. "El presidente del Gobierno recurre ante Tribunal Constitucional nuestra Ley de Cajas, que de los 120 diputados del Parlamento de Madrid  ha tenido sólo 7 (votos) en contra. ¿Y cómo recurre y por qué? Pues por el mismo procedimiento previsto para paralizar del Plan Ibarretxe. Nada más y nada menos", ha denunciado.

"¡Cómo si introducir un cambio mínimo para la representación en la caja (Caja Madrid) para que la sociedad pueda estar mejor representada en la entidad y evitar que los consejeros se perpetúen en su cargo fuera un ataque a la Constitución de la envergadura del Plan de Ibarretxe! Yo no he visto en mi vida nada más desproporcionado, pero peor para ellos", ha apuntado la dirigente regional durante su intervención en el primer acto de precampaña de las elecciones europeas organizado por el PP de Madrid.

El viernes, el mismo día de que la vicepresidenta del Gobierno, María Terersa Fernández de la Vega, anunció la presentación de ese recurso de inconstitucionalidad, el portavoz económico del PP en el Congreso calificó de "injerencia intolerable" esa decisión. Ese mismo día, el Ayuntamiento de Madrid, también controlado por el PP, se mostró satisfecho con la presentación del recurso. El Consistorio de Alberto Ruiz Gallardón también tiene recurrida la norma autonómica, que fue aprobada en la Asamblea de Madrid con los votos del PP y del PSOE.