Educación exige que los centros pidan más documentación en las matrículas dudosas

La Delegación Provincial de Educación aseguró ayer que los centros escolares tienen la obligación de exigir información complementaria de todos aquellos casos sobre los que tengan cualquier sospecha de fraude en el proceso de escolarización. La Administración autonómica punta que hay documentos que pueden esclarecer estos asuntos, como los recibos de la luz del domicilio citado como habitual o el de la comunidad de vecinos.

De este modo, fuentes de la Delegación apuntaron que éste es uno de los principales mecanismos con los que cuenta la Administración autonómica para evitar engaños que permitan a los solicitantes conseguir más puntos en el baremo establecido y acceder al colegio deseado cuando reciba más solicitudes que plazas disponibles tiene. Esta afirmación se ha producido tras hacerse público que el Ayuntamiento de Cádiz ha recibido durante el mes de marzo más de 500 solicitudes de cambio de domicilio, cuando lo habitual en cualquier mes son 170.

Además,estos cambios tienen como objetivo empadronarse en una vivienda situada en los aledaños de la avenida principal de la ciudad, donde se ubican los centros más demandados por los padres (Reyes Católicos, San Felipe Neri o Las Esclavas). En este sentido, fuentes de esta Delegación cuestionaron el papel que ejerce el Ayuntamiento en este asunto, «ya que son ellos los que deberían llevar a cabo determinadas acciones ante el fraude que se produce en su padrón».

Educación explicó que el engaño puede acarrear daños mayores a largo plazo, «ya que si cualquier persona piensa que está siendo perjudicada y reclama, puede dictarse una sentencia en la que se obligue a trasladar a ese alumno del colegio donde lleva un curso entero», puntualizaron.

Presunción de inocencia

Sin embargo, los responsables de la Administración autonómica reconocieron que en la actualidad no cuentan con otras herramientas para detectar los casos fraudulentos y además se basan en un principio legal por el cual están obligados a dar por buenos los datos aportados por la familia solicitante.

Sin embargo, mantienen que la aprobación de la nueva orden por la cual se obliga a los Ayuntamientos a enviar el padrón a los centros, puede ayudar a disminuir las irregularidades, aunque este año tampoco se cruzarán los datos del censo que tienen en su poder las distintas administraciones.

Aún así, los padres están en su derecho de pedir personalmente el certificado de empadronamiento en el Consistorio. Por el momento, los centros aún no han revisado las matrículas, siguen en el proceso de recogida y comenzarán a ver la documentación cuando se acerque el plazo, que cierra el próximo 31 de marzo.

Dados los episodios de los últimos años, cuando abogados y detectives investigaron los datos de niños admitidos en los colegios más demandados, los padres exigen un mayor control por parte de la Junta. Incluso plantean buscar otras fórmulas para realizar el baremo cuando las solicitudes exceden el número de plazas.

Así lo manifestó ayer Vicente Ortega, padre de uno de los alumnos de Educación Infantil escolarizado como medida cautelar decretada por un juez en el colegio San Felipe Neri. En su opinión, este año «nos veremos en la misma situación con una gran demanda para los privados y plazas vacías en los públicos». «La falta de información sobre los colegios públicos y que se valore sobre todo el domicilio son causantes de este tipo de problemas», señaló Ortega, que abogó por evitar los fraudes «a toda costa».

David Cifredo, miembro de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (Ampa) del Reyes Católicos consideró que «hay que buscar fórmulas para que los procedimientos administrativos se den con seguridad y evitar episodios como los del año pasado». Este centro es uno de los pocos de titularidad pública que tuvo que baremar el año pasado ante la creciente demanda.

«El hecho de que el colegio tuviera nuevas instalaciones motivó a los padres y por eso recibió más solicitudes, lo que debe hacer pensar a la Administración».

Con estas declaraciones hizo referencia a la necesidad de mejorar las infraestructuras escolares, puesto que, «la demanda en los concertados no es sólo por la enseñanza religiosa o por la calidad educativa».