Garzón ordena nuevas pesquisas sobre la relación del tesorero del PP con la trama

El juez Baltasar Garzón ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial catorce nuevas investigaciones sobre la trama de corrupción tejida por el empresario Francisco Correa. Algunas de estas investigaciones están dirigidas a obtener más pruebas contra cargos del PP que son aforados nacionales, entre ellos el tesorero del partido, Luis Bárcenas, a quien el empresario encarcelado acusó en una conversación grabada de haber recibido más de 1.000 millones de pesetas.

El juez quiere conocer si hay indicios más sólidos contra Bárcenas, cuyas iniciales aparecen en varios documentos encontrados en los registros realizados en las empresas implicadas en la red que controlaba Correa, así como contra otros dirigentes del PP.

Según fuentes policiales, parte de las diligencias ordenadas por el juez afectan a los seis imputados a los que interrogará el próximo miércoles: Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón; Ginés López, ex alcalde de Arganda del Rey; José y Ricardo Galeote, padre y hermano del eurodiputado Gerardo Galeote y ex concejales de Boadilla del Monte (Madrid) y Estepona (Málaga), respectivamente; Carlos Clemente, ex diputado del PP en la Asamblea de Madrid, y Tomás Martín Morales, ex director general de Gestión Urbanística y Consumo de Boadilla del Monte.

Los mandos de la UDEF reconocen que apenas han podido expurgar una décima parte de toda la documentación contable incautada en los pisos de seguridad y otros locales de la trama registrados tras la captura de Correa y sus más cercanos colaboradores el pasado 6 de febrero.

Las 37 primeras imputaciones, explicaron responsables del caso, fueron fruto exclusivamente de las investigaciones previas a la redada. De los cientos de documentos encontrados desde entonces, por el momento sólo se ha podido analizar una ínfima parte.

20.000 folios

Garzón mantiene su competencia para investigar el 'caso Gürtel' hasta que los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana acepten la causa en lo que a los respectivos aforados regionales se refiere, y en tanto delimiten qué porción de los hechos investigados reclaman.

Ayer comenzaron a ser trasladadas copias de la causa desde la Audiencia Nacional hasta sus destinos madrileño y valenciano. Son nueve cajas con los casi 20.000 folios de las diligencias previas 275/08. Según fuentes judiciales, el sumario no llegará a su destino completo: faltan algunas piezas separadas porque los servicios de reprografía no dan abasto. El pasado 5 de marzo, el magistrado acordó inhibirse parcialmente a favor de los tribunales autonómicos. No obstante, según informaron fuentes del juzgado, problemas técnicos provocados por lo abultado de la documentación han hecho que el envío de los papeles se retrasara una semana. El jueves, el PP interpuso una nueva queja contra Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial por haberse marchado a Guatemala sin enviar la documentación a Madrid y Valencia.

A partir de ahora, los respectivos tribunales superiores deberán nombrar a un ponente de entre los miembros de sus salas de lo Civil y lo Penal para, una vez consultada la Fiscalía sobre el fondo y la competencia, decida si estas sedes tienen jurisdicción a la vista de las pruebas contra los aforados acusados por Garzón. Se trata, en el caso de Valencia, de Francisco Camps, y del secretario general del PP en la comunidad, Ricardo Costa. En Madrid son los diputados Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.

De aceptar la competencia, los respectivos tribunales deberán nombrar un juez instructor para que instruya un nuevo sumario y decida qué va a investigar exactamente del 'caso Gürtel' y qué parte podrá seguir instruyéndose en la Audiencia Nacional.

El sastre

Mientras, Garzón indaga y ayer interrogó de nuevo a José Tomás García, sastre del presidente valenciano. Citado en calidad de testigo, fue preguntado sobre el supuesto pago en trajes que el hombre de confianza de Correa en Valencia, Álvaro Pérez, hizo a Camps.

Según la investigación judicial, el presidente de la Generalitat aceptó de la trama corrupta 12.783 euros en ropa a cambio de la adjudicación a Orange Market (filial valenciana de Correa) de concursos cercanos a los 4 millones de euros.