Justicia cuestionada
La Administración de Justicia está siendo sometida a un cuestionamiento desde dentro y desde fuera de la Magistratura que puede acabar arruinando el compromiso adquirido hace casi ocho años por el PSOE y el PP para modernizar y despolitizar el funcionamiento del tercer poder del Estado. La lentitud con que han avanzado las reformas, sumada a la constatación de que los partidos no han renunciado a condicionar la configuración del Consejo del Poder Judicial y de los altos tribunales, han dejado en evidencia la incapacidad y la desidia de los impulsores del Pacto para la Justicia para aplicar sus presupuestos. La ruptura anunciada por el PP, en respuesta a la coincidencia en una cacería del ministro Fernández Bermejo y el juez Garzón en plena instrucción de la trama de corrupción que afecta a los populares, constituye poco menos que un gesto inocuo dada la parálisis que ya atenazaba el acuerdo y la propia convulsión interna que ha provocado en el mundo de la Magistratura la inédita huelga del miércoles.
Actualizado: GuardarEl profundo descontento y el desaliento que proyectó el paro obligan a todas las partes concernidas, y singularmente al titular de Justicia, a procurar un restablecimiento del diálogo que reconduzca el conflicto. Pero es preciso advertir de que el resultado de las negociaciones quedará sometido a un riesgo de cuestionamiento permanente si no se reconstruye el consenso entre socialistas y populares. Un objetivo que parece alejarse por momentos a tenor del enfrentamiento por las investigaciones abiertas sobre la corrupción. Si la preservación de la honorabilidad del PP precisa, además de una instrucción ajustada a Derecho, el respeto del propio partido hacia la probidad del trabajo emprendido por la Fiscalía y el juez Garzón aunque se discrepen de algunas de sus actuaciones, el presidente del Gobierno debería abstenerse de presentarse, como hizo ayer en un mitin en Galicia, como el garante de la independencia de los jueces que corresponde guardar al Consejo y a cada uno de los que integran el poder judicial.
