tribuna y libre

Marta del Castillo: respeto y responsabilidad

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La fiscalía de Sevilla ha advertido a los operadores de televisión: no todo vale ante el dolor, los menores no deben formar parte del espectáculo. Cuando el poder judicial interviene es que algo ya se ha quebrado. La protección y el amparo que nos proporciona el Estado de derecho suele manifestarse en muchas ocasiones sólo cuando ya se han vulnerado leyes, códigos éticos, el sentido común y hasta, si me lo permiten, la decencia. Antes, mucho antes, la sociedad, y los medios de comunicación como instrumento indispensable para su articulación, deberíamos haber reaccionado. A todos nos horroriza la tragedia, más aún la de una familia rota por la espera y la angustia primero y por la cruel certeza después. Todos nos encarnamos en la madre, en el padre, en la familia, los compañeros, los profesores y los vecinos de Marta del Castillo, nos solidarizamos con sus lágrimas, nos horrorizamos con su desgracia. Pero no basta. Sabemos que no es suficiente. Todos sentimos que, aunque no podamos evitar la curiosidad escandalizada ante el relato de la tragedia, hay un límite, nada sutil, entre el lógico interés y la curiosidad morbosa. Simplemente con que, por un instante, nos colocáramos en la piel de cualquiera de las victimas, los allegados de Marta, sí, pero también los próximos al presunto asesino y a sus encubridores, entenderíamos por qué la información, libre y veraz, debe ser también, necesariamente, respetuosa.

Desde que la policía comenzara con las primeras detenciones hemos visto una larga fila de declaraciones de familiares, vecinos, amigos y esperemos que sin que a nadie se le haya ocurrido siquiera ponerle un precio, a la última compañera del joven que ha confesado la muerte de Marta. Una niña, como la suya quizás, como las mías, como la misma joven asesinada, que responde a quien le pregunta, que desvela incluso asuntos que están aún bajo secreto del sumario, que ofrece su rostro, antes anónimo, para que la memoria colectiva la identifique ahora y para siempre con el lado más oscuro de esta desgracia. El Consejo Audiovisual de Andalucía se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la protección de los menores, a veces ante incumplimientos fragrantes y otras ante deslices, rostros descubiertos, datos innecesarios pero delatores de la identidad de los afectados, detalles que sólo alimentan el morbo y en nada contribuyen al derecho de una información clara y limpia. El marco jurídico español, y el de toda Europa, es claro y contundente pero, más allá, donde es imposible aplicar la rigidez de la norma deben actuar la práctica deontológica y el consenso para evitar que las cámaras y los micrófonos dupliquen, como efecto colateral maligno, el número de los marcados por la tragedia. Así lo entienden todos los Consejos Audiovisuales del mundo, así lo han entendido los operadores de televisión y los profesionales. Aunque a veces parezcan olvidarlo. En el año 2005 la Federación de asociaciones de la prensa de España ya firmó unas recomen daciones para el tratamiento de la violencia de género, y el caso de Marta con todos los matices, es un caso de ira y de celos, en el que se comprometían los periodistas españoles a evitar juicios paralelos, testimonios gratuitos y detalles escabrosos. Fue y es una iniciativa positiva y valiente de los profesionales, hay que reconocerlo. Como hay que admitir que, demasiadas veces, los acuerdos se olvidan y sólo la Ley, cuando el daño está hecho, interviene. El Consejo Audiovisual de Andalucía tiene capacidad sancionadora, puede y debe ejercer una autoridad que obligue al cumplimiento de las leyes. Pero nuestra naturaleza trasciende la estricta aplicación de la normativa. Una de nuestras funciones fundamentales es la de fomentar la autorregulación y los códigos deontológicos. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. En este caso basta y sobra que, con la Ley en la mano, recordemos esa palabra mágica que apuntala una sociedad democrática: el respeto. Respeto para todos, una lección que como ya ocurrió con Mari Luz, nos enseñan, precisamente, las auténticas victimas: la familia de Marta del Castillo, con su serenidad y su prudencia. No les fallemos. Sería una irresponsabilidad que una sociedad como la nuestra no puede permitirse sin mancharse.