Las asociaciones convocantes celebran el «éxito» de la huelga de los jueces

Como suele pasar en casi todos los conflictos, las versiones de las dos partes enfrentadas difieren y las cifras que muestran unos y otros varían en función de los intereses de cada uno de los contendientes. La inédita huelga de jueces convocada en España no ha sido una excepción. Mientras que los convocantes -la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial (FJI)- celebran el "éxito" de la convocatoria y afirman que ha sido secundada por el 70% de los jueces (2.192 de los 4.570), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cifrado en un 35,47% (1.635 jueces) el seguimiento. Estos datos responden a la información facilitada al órgano de gobierno de los jueces por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas.

Según lo difundido por el Consejo, las movilizaciones han puesto de manifiesto que "existe una amplia voluntad de cambio en la Justicia española", si bien este órgano ha destacado "el alto grado de responsabilidad de los jueces y magistrados, especialmente de aquellos que, en su mayoría, han decidido atender a los ciudadanos". Según los datos oficiales, aún provisionales, la comunidad donde porcentualmente se ha producido un mayor seguimiento de la huelga ha sido Aragón, con un 65,35% de los jueces que han parado (83 de los 127 que ejercen en este territorio).

En Madrid, el paro ha sido seguido por el 37,12% de la carrera, un total de 22 jueces de los 598 que ejercen en esta comunidad, mientras que el seguimiento más bajo de toda España se ha registrado en el País Vasco, con el 9,17% de los jueces parados (apenas 20 de los 218 que ejercen en esa comunidad).

La Audiencia y el Supremo, al margen

El seguimiento de la protesta ha sido inapreciable en los órganos centrales como el Tribunal Supremo, donde no ha parado ninguno de sus 74 magistrados, mientras que la Audiencia Nacional han hecho huelga dos, el juez de Instrucción número 6 Eloy Velasco y el magistrado de lo Contencioso-Administrativo de este órgano Carlos de Rozas.

Como primera reacción a la huelga, el órgano de gobierno de los jueces hacía pública una nota en la que se destacaba que el paro exige tanto al Consejo como al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito "trabajar en pro de la reforma necesaria". "El CGPJ, como órgano de gobierno, continuará, como ha venido haciendo hasta ahora, con todos los esfuerzos precisos para conseguirla", concluía el escrito. Por la tarde comparecía Gabriela Bravo, portavoz del Consejo.

En su intervención ante los medios, en la que no ha permitido preguntas y que ha provocado la queja de los periodistas, Bravo ha apuntado que las movilizaciones ponen de manifiesto que "existe una amplia voluntad de cambio en la Justicia española", si bien ha destacado "el alto grado de responsabilidad de los jueces y magistrados, especialmente de aquellos que, en su mayoría, han decidido atender a los ciudadanos".

 Los convocantes celebran el éxito de la convocatoria

El comité nacional de huelga ha cifrado en un 70% el seguimiento del paro que han llevado a cabo jueces y magistrados de toda España para exigir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mejoras estructurales a favor de la Administración de Justicia. Un total de 2.192 miembros del colectivo de los 3.500 que ejercen labores jurisdiccionales han ejercido su derecho a la huelga, la primera que se convoca en España "por el hartazgo de la judicatura".

La cifra del comité, que excluye a los jueces sustitutos y con excedencias, se ha computado a través de las comunicaciones realizadas de manera individual por cada juez al comité y a través de fax remitidos a los respectivos tribunales superiores de justicia. Con estos datos, las asociaciones judiciales convocantes, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, han celebrado el éxito de la jornada. En Cataluña han sido 281 jueces los que han secundado el paro; 278 en Madrid; 66 en Baleares; 22 en el País Vasco; 372 en Andalucía; 113 en Canarias; 94 en murcia; 343 en valencia; 65 en Castilla-La Mancha; 94 en Castilla-León; 35 en Asturias; 242 en Galicia; 19 en Navarra; 20 en Cantabria; 69 en Aragón; 73 en Extremadura; y 4 en La Rioja.

Tras las concentraciones a las puertas de los juzgados, los portavoces de las asociaciones judiciales han leído un comunicado en el que expresaban su intención de trabajar conjuntamente para mejorar la administración de Justicia, al margen de la huelga. Una de las imágenes de la protesta se ha recogido en Sevilla, donde se han congregado unos trescientos jueces, magistrados y fiscales frente a las puertas de la Audiencia Provincial. No estaba el juez Rafael Tirado, cuya sanción de 1.500 euros por no encarcelar al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés fue uno de los desencadenantes del movimiento reivindicativo de los jueces.

La ausencia de precedentes de una protesta similar ha provocado también situaciones peculiares, e incluso hay lugares, como Orense, donde algunos magistrados, a pesar de secundar el paro, han trabajado y celebrado juicios tras notificar "su postura huelguista para que se les descuente del salario".

 Las consecuecias de la huelga

No está claro si los jueces que han secundado la huelga podrán sufrir las consecuencias de su decisión en dos ámbitos diferentes: el disciplinario, pues la no asistencia a un señalamiento podría ser motivo de expediente por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el retributivo, pues se les podría descontar del sueldo el día de no asistencia injustificada a su puesto de trabajo.

No obstante, diferentes fuentes han advertido de la dificultad de contabilizar a los huelguistas si estos no se identifican como tales, puesto que en muchos órganos judiciales (con excepción quizá de los de Instrucción Penal), los jueces no asisten a diario a sus despachos, ya que tienen días previstos para vistas y el resto pueden deliberar y redactar sentencias desde su domicilio. Además, es probable que los magistrados, que tienen aún la competencia de señalamientos, no hayan señalado actos para esta jornada en previsión de la protesta.

Fernández Bermejo confía en los jueces

Antes de que se conocieran los datos de segjuimiento, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, había augurado que sería "bastante minoritario" e insistía en que la mayoría del colectivo judicial iba a demostrar que tiene un "altísimo grado de responsabilidad" y acudiría a sus puestos de trabajo.

Sin embargo, el titular de Justicia admitía que era "complicado hacer pronósticos" ya que "la situación es muy compleja porque las asociaciones están un poco desconcertadas y divididas, por un lado hay jueces decanos y por otro asambleas". Coincidiendo con esta protesta, Bermejo se ha enfrentado en el Congreso a tres diputados del PP que han exigido su dimisión al sumar su asistencia a la controvertida cacería compartida con Garzón a la situación de la Justicia y la huelga de jueces.

Medidas de presión

Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias acepten sus reivindicaciones, que pasan por la implantación de la nueva Oficina Judicial, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea, un aumento retributivo y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales).

La huelga también es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el supuesto asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta.

Ante la inhibición al respecto del CGPJ, un nutrido grupo de jueces acudió a una asamblea celebrada el pasado sábado en Madrid en la que establecieron unos servicios mínimos que incluían los trámites para celebrar matrimonios ante el Registro Civil y en la vía penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales, como entradas y registros o intervenciones telefónicas. Además, se han atendido las cuestiones que afectan a las juntas electorales en Galicia y País Vasco, donde hay convocadas elecciones para el 1 de marzo.