El PP intenta apartar a Garzón de la investigación de la trama de corrupción

Envuelto en las siglas de su partido y arropado por el comité ejecutivo en pleno, Mariano Rajoy dio un giro en su estrategia política ante las actuaciones del juez Baltasar Garzón para pasar a una posición defensiva. El presidente del PP anunció que su partido pedirá que se aparte al magistrado de la investigación de la supuesta trama de corrupción que afecta a varios ayuntamientos populares y dio por rotas las relaciones con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

El cierre de filas fue total en la primera reunión del ejecutivo popular tras las detenciones e imputaciones de la Audiencia Nacional y a su término los dirigentes lo escenificaron cuando el presidente del partido dio a conocer las iniciativas aprobadas para defenderse del ataque del que se consideran víctimas.

En primera fila estaba el comité de dirección, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Rita Barberá, Ana Botella, Francisco Camps y todos los barones territoriales, excepto los de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y Murcia, Carlos Luis Valcárcel, que no asistieron a la reunión. Los ejecutivos del PP ofrecieron así una imagen inédita con la que pretendieron transmitir un mensaje de cohesión interna y respaldo a su presidente, quien se encargó de informar del espíritu unitario que reinó en la sesión a puerta cerrada.

«Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden, esto es una trama contra el PP que es una cosa muy distinta», tronó el líder popular con uno de sus tonos más agresivos. Se quejó de que se quiera convertir el sumario que instruye Garzón contra el entramado de las empresas de Francisco Correa en «una causa general» contra su partido y recordó que ninguno de los detenidos pertenece al PP y sólo dos de los 37 imputados son militantes.

Los dirigentes populares se consideran víctimas de una actuación partidista de la Fiscalía General del Estado y del juez de la Audiencia Nacional, en connivencia con el ministro de Justicia. Aseguran que existe una doble vara de medir para su partido y el del Gobierno por parte de la Fiscalía Anticorrupción. La mayoría de los barones territoriales (Canarias, Baleares o Andalucía) relataron casos cercanos en los que los cargos políticos del PP fueron acusados o encarcelados con gran alharaca en periodo electoral para después ser exonerados de toda culpa.

«Todo quedó en nada cuando el daño a las personas ya estaba hecho», lamentó Rajoy después de quejarse de la pasividad de los fiscales ante las supuestas corruptelas del PSOE. Además, señaló como prueba de peso la coincidencia del proceso judicial que instruye Garzón con las elecciones vascas y gallegas para demostrar así la intencionalidad política del caso.

Conexión

Rajoy supo que había conectado con sus dirigentes al término de su vehemente intervención cuando los numerosos ejecutivos que tomaron la palabra lo hicieron para secundar sus acusaciones al Gobierno. Fue Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, la que tuvo la idea de posar juntos ante las cámaras en un nítido cierre de filas con el líder en su invectiva contra la Fiscalía y el juez. «He visto a Mariano muy firme», comentó al término de la reunión Esperanza Aguirre, quien también aportó su particular ejemplo como víctima de las actuaciones fiscales en el caso Majadahonda. Algo similar hizo Josefa Luzardo, de Canarias, y Rosa Estarás, de Baleares.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, agradeció el apoyo recibido de sus correligionarios cuando las filtraciones del sumario pusieron en solfa su gestión, sobre todo después de la detención del responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, directivo de la empresa contratista de la comunidad y el PP valenciano.

Camps se sumó a las denuncias de una «campaña de acoso» contra el partido para frenar sus expectativas electorales en las autonómicas del 1 de marzo y garantizó al comité ejecutivo de su partido que todas las contrataciones de su gobierno son correctas, transparentes y perfectamente legales.

También el líder del PP defendió la honorabilidad de sus siglas, insistió en que todas sus contrataciones y actuaciones se han mantenido en el marco de la legalidad y dijo que no ha recibido «ni un solo euro de las personas implicadas». Pidió el levantamiento total del secreto del sumario por cuyas filtraciones se sienten perjudicados los dirigentes de su partido y reiteró su intención de solicitar el personamiento en la causa. De lograrlo, el presidente del PP anunció que solicitará la recusación del juez Baltasar Garzón después de haberse conocido que mientras llevaba a cabo detenciones y actuaciones en este sumario pasaba el fin de semana de caza con el ministro Fernández Bermejo. «Es un acto obsceno», afirmó y dijo que pedirá opinión al Consejo General del Poder Judicial sobre el comportamiento del magistrado de la Audiencia Nacional.

Rajoy recibió muchos aplausos tras su intervención, en la que supo tocar la fibra sensible de sus directivos al comparar la actual situación con la que padeció Loyola de Palacio como candidata a las elecciones europeas de 1999 a causa del escándalo del lino. «Nunca en España se había hecho un uso tan partidista como ahora de la Fiscalía», señaló y fue secundado por el ex ministro de Justicia, José María Michavila, quien informó al órgano de dirección del partido sobre el comportamiento del fiscal y actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Entre sus resoluciones, el ejecutivo popular incluyó mantener un debate político permanente en el Congreso, en las sesiones de control y a través de la petición de comparecencias del fiscal general, Cándido Conde Pumpido, y el ministro Bermejo, con el que han roto las relaciones establecidas para la firma del Pacto por la Justicia.