Los parcelistas de Los Garciagos vuelven a denunciar al Consistorio por malversación

El Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez ha abierto Diligencias Previas para investigar la denuncia interpuesta por la Asociación de Parcelistas de los Garciagos contra el Ayuntamiento de Jerez, al que acusan de un presunto delito de coacciones y malversación de fondos públicos. El escrito fue presentado el pasado mes de octubre, a raíz de la consecución de una serie de obras por parte del Consistorio en estos terrenos próximos al Circuito, que los afectados consideran que no se ajustaron a la legalidad y que se han llevado a cabo con el fin de presionarles para que abandonen sus parcelas.

Así lo explicó a LA VOZ el letrado de los perjudicados, Francisco Pérez Vera, que sentenció que la Administración local «les ha hecho la vida imposible» a los propietarios a través de unas ejecuciones «ilegales y financiadas con dinero público». Como consta en la denuncia, a la que este medio ha tenido acceso, una treintena de parcelistas lleva padeciendo «continuas tensiones» desde 1985, derivadas de las aspiraciones del Ayuntamiento para adquirir la finca de Los Garciagos. Primero fue el intento de expropiación para el fallido proyecto del parque de atracciones de Sherryworld, un proceso que logró sentar en el banquillo al ex alcalde, Pedro Pacheco, que finalmente quedó absuelto.

En 1995 se omitió cualquier referencia a este suelo en el PGOU, lo que implicaba que Urbanismo había desistido de su aprovechamiento público. Sin embargo, el actual Plan General de Ordenación Urbana lo ha vuelto a incorporar dentro del Sistema General de Espacios Libres y Equipamiento de Montecastillo, lo que ha generado, según los afectados, que desde el año 2005 el Gobierno municipal acometa una serie de actuaciones con el fin de desestabilizar el ánimo de los propietarios y hacerles desistir en su empeño de mantener los terrenos.

Sin agua ni electricidad

En concreto, la denuncia alude a «actos continuados de destrucción de los servicios e instalaciones agrícolas», lo que impide el desarrollo de actividades de esta índole, así como a «impedimentos en el acceso a algunas parcelas». En abril de 2005 comenzaron los primeros trabajos, consistentes en «la destrucción de la caseta de riego y parte de las instalaciones de distribución de agua de riego, y la eliminación de la torreta y el transformador de energía eléctrica». También aseguran que en esa época se realizaron los primeros vertidos de tierras en torno a las parcelas de los dueños que se resistían a su entrega.

Un año después los problemas persistían, por lo que los integrantes de la asociación aportaron pruebas fotográficas ante notario, en las que evidenciaban las molestias y desperfectos ocasionados por las obras, algo que adjuntaron a los tres escritos remitidos a Alcaldía en los que se informaba de la delicada situación de las parcelas. Las obras se vieron acompañadas de la instalación de grandes tuberías para la recogida de aguas pluviales y la pavimentación con gravas que iban siendo continuamente transformadas, lo que originó importantes bolsas de agua.

A pesar de la situación, por la que se acabaron desnivelando las parcelas debido a los movimientos de tierra, los denunciantes aseguran que las ejecuciones siguieron su curso, incrementándose las obras de urbanización en la zona. Por todo ello, los propietarios tachan de «inconcebible» que se realicen unas ejecuciones de tal calibre «vulnerando la legalidad urbanística vigente e invirtiendo dinero público para ello».

Merma económica

En definitiva, las obras, como consta en el documento de denuncia, han provocado la retirada del sistema de agua de riego, alterado las vertientes naturales y vertido de aguas pluviales mediante tuberías colocadas al efecto, convirtiendo las parcelas en balsas e impidiendo la posibilidad de cultivo, «reduciendo su valor económico a efectos de una posible futura expropiación». Como explicó Pérez, toda una serie de hechos que podrían haber originado conductas ilícitas tipificadas en el Código Penal como delitos de daños, coacciones, prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio, entre otros.

Cabe recordar que en diciembre de 2007 el Contencioso Administrativo de Jerez dictó una sentencia que obligaba al Ayuntamiento a abonar diez millones de euros por el procedimiento expropietario de estos terrenos, a pesar de que no llegó a culminarse. El Consistorio, por su parte, recurrió el fallo, al considerar excesiva esa cantidad para las arcas municipales. Ahora la Administración tiene un nuevo frente abierto, ya que el Juzgado de Instrucción número 1 ha admitido a trámite la demanda al considerar que las actuaciones expuestas «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

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