Editorial

Dilema sentenciado

El traslado ayer de Eluana Englaro al centro clínico de Udine, en el que se le retirará la alimentación y la hidratación que la mantienen con vida desde que hace 17 años entrara en coma irreversible, ha devuelto al primer plano de la actualidad el debate moral suscitado por el caso y la confrontación entre la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Italia y la prohibición del Gobierno Berlusconi a que la misma sea cumplida en cualquiera de los hospitales públicos. La discusión pública respecto al sentido de la vida en personas que se encuentran en una situación como la de Eluana difícilmente puede llegar a una conclusión compartida por el conjunto de la sociedad y aplicable a todos y cada uno de los casos que pudieran darse. Pero el conflicto generado entre creencias y convicciones distintas encuentra, en el Estado de Derecho, un cauce de solución en el cumplimiento de las leyes y en su interpretación por parte de los tribunales. El hecho de que la paciente no se encuentre ni de lejos en condiciones de expresar su voluntad ha convertido a sus progenitores en fedatarios defensores de su dignidad, concibiendo ésta desde la aceptación ineludible de que su hija hace tiempo que dejó de estar entre los vivos.

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Nadie debe sentirse obligado a seguir el ejemplo de los padres de Eluana de encontrarse en una situación análoga; como nadie tiene la obligación de defender su proceder tan al límite de la condición humana. Pero la expresión libre de la discrepancia ante tal conducta en ningún caso puede convertirse en obstáculo fáctico para el cumplimiento de la sentencia del Alto Tribunal italiano o en una condena moral y pública de los padres de Eluana.