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Cajas de ahorradores

El llamamiento realizado por la Confederación Española de Cajas de Ahorros para preservar, mediante reforma legal, la autonomía empresarial de éstas, y la propuesta legislativa que el Partido Popular ha anunciado con análoga finalidad son las dos últimas muestras de una inquietud que coincide con recientes indicaciones del FMI y de la OCDE. Una cuestión que no sería acertado simplificar a cuenta de la pugna que mantienen respecto a los órganos directivos de Caja Madrid la cúpula de esta entidad, el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de la capital. Por su propio origen las cajas de ahorros están vinculadas en su inmensa mayoría a las instituciones locales y territoriales que las fundaron con declarado propósito social. Cabría suscitar un debate en torno a las contradicciones que entraña el desarrollo de entidades financieras que, por una parte, atienden a criterios de rentabilidad semejantes a los de los bancos compitiendo con éstos en los mismos mercados, lo cual por otra parte condiciona su orientación fundacional de servicio público.

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Sin eludir dicho debate, en ningún caso sería pertinente cuestionar la existencia misma de las cajas de ahorros, ni siquiera que deban mantener vínculos con las instituciones públicas. Pero parece urgente hallar alguna solución duradera frente a su supeditación al sesgo partidista que en ocasiones adquiere la actuación de éstas y a su reiterada conversión en escenario de la lucha por el poder político. En este sentido, que la presencia de las instituciones públicas no supere el 50% en los órganos de gobierno de las cajas constituye un requisito mínimo que acaba siendo formal cuando la representación de los impositores se encauza a través de plataformas partidarias. La extensión del mapa político al gobierno de las cajas reduce la voluntad ciudadana a su dimensión partidaria dejando de lado los intereses y aspiraciones que el ahorrador alberga como tal, empleando los recursos que éste aporta en una escala de prioridades ajena a dichos intereses y aspiraciones. La despolitización de las cajas ha de apelar a la máxima profesionalización de sus órganos rectores. Pero también a un mayor protagonismo de los impositores en cuanto a la marcha general de cada entidad y en cuanto a la orientación de su obra social.