El Gobierno avisa a los jueces de que no negociará demandas corporativas

El Gobierno contestó ayer con una mezcla de palo y zanahoria al ultimátum que dieron 24 horas antes las cuatro principales asociaciones de jueces, que en un comunicado conjunto amenazaron al Ejecutivo y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una huelga en junio si antes no atienden y comienzan a aplicar los puntos recogidos en la tabla reivindicativa de la judicatura.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no ocultó su malestar por los términos y el tono «de exigencia» de la embestida de la magistratura, afirmó que habrá diálogo con las asociaciones judiciales, pero sólo para «hablar de los problemas de los ciudadanos ante la justicia, no de los problemas de los jueces». «Queremos tener ese debate, sobre qué ha hecho y qué va hacer el Gobierno, pero sólo defenderemos los intereses generales, y no otros», aseguró en tono rotundo durante una entrevista en Onda Cero.

El jefe del Ejecutivo considera que las asociaciones «quizás deberían haberlo pensado un poco más» antes de plantear el ultimátum, «porque no es buena manera de dialogar poner condiciones», y porque esa comunicación debería hacerse desde «un gran respeto institucional».

Descartó de la negociación que se abrirá cualquier aspecto corporativo, anticipó que no discutirá aumento alguno de las retribuciones de los jueces para 2009 -«que está aprobado por el Parlamento y de ahí no se va a mover»-, y recordó a la magistratura que son un poder independiente del Estado y que esa condición «comporta responsabilidad» y que las acciones de sus miembros «están sometidas al debate de la opinión pública».

Rodríguez Zapatero, que no negó que existan problemas importantes en el funcionamiento de los tribunales, se preguntó por qué las asociaciones judiciales utilizan semejante virulencia a la hora de plantear sus demandas ante el Gobierno, que «ha duplicado la inversión para la modernización de la infraestructura de la justicia y que más nuevas plazas de jueces y fiscales ha creado», 1.150 en cuatro años.

El presidente del Gobierno, en la misma línea que unas horas antes se expresó el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ligó la virulencia del pulso como una respuesta de la magistratura a las duras críticas del Ejecutivo contra la sanción mínima que el Consejo General del Poder Judicial impuso al juez Rafael Tirado por su comportamiento negligente a la hora de encarcelar al pederasta que terminó por asesinar a la niña Mariluz Cortés. Rodríguez Zapatero reivindicó su derecho a discrepar de forma radical con la exigua sanción. «Comprendo que los jueces puedan defender a los jueces, pero el Gobierno debe defender el interés público», añadió con sarcasmo.

Fernández Bermejo, en una entrevista en la Cadena Ser, aseguró que las asociaciones judiciales no tuvieron el lunes pasado más remedio que «ponerse al frente de la manifestación» después de ser sorprendidas por iniciativas individuales de un buen número de magistrados que enfilaron el camino de las movilizaciones y la huelga, y cuyo malestar tuvo su origen en la reclamación gubernamental de una sanción ejemplar para Tirado.

Traición

El ministro también mostró su sorpresa porque estas revueltas judiciales, que cree organizadas por la rama más conservadora de los magistrados, sólo se producen contra los gobiernos socialistas, aunque sean, como el suyo, el que mayores dotaciones económicas destina a la modernización de los tribunales. Señaló que «el titular de un poder del Estado no se puede permitir el lujo de hacer huelga» porque «es una traición al mandato que tiene de los ciudadanos», y advirtió que su único deber es «cuidar de la Justicia» y no «mimar a colectivos». Un compromiso, dijo Bermejo, que cumplirá «hasta el último minuto», aunque le cueste el cargo.

Los responsables del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial celebrarán el lunes próximo una reunión de trabajo tras la que informarán «a los jueces y a la sociedad» de los avances que ya han conseguido en el cumplimiento de los compromisos gubernamentales fijado en el plan para la mejora y modernización del funcionamiento de los tribunales.