Casi 2.000 familias viven en la ciudad excluidas socialmente por la pobreza

El Puerto cuenta con un total de 1.821 hogares en exclusión social, lo que supone, del total de la población de la localidad, un 10,78%. Ésta es la conclusión a la que ha llegado la Asociación Pro Derechos Humanos en un informe reciente sobre la situación de la localidad. En concreto, serían las zonas de Barrio Alto, Los Milagros, José Antonio y La Inmaculada las más desfavorecidas.

Hay que tener en cuenta que estas zonas tienen grandes bolsas de desempleo. Además, en los últimos años están siendo azotadas por el problema de las drogas, algo que perjudica notablemente la convivencia en este enclave de El Puerto.

A ello, se une el gran deterioro que sufren muchos de los inmuebles de Barrio Alto que obliga a personas a vivir en condiciones infrahumanas. Por poner un ejemplo no hay más que darse una vuelta por calles como Cervantes. Justo en el número 36 viven seis familias que no tienen cubiertos ninguno de los servicios mínimos, ya que el heredero de la propiedad no aceptó el legado debido a las grandes obras de reformas que había que acometer, y por el momento el Ayuntamiento no ha encontrado el modo de poner una solución al problema que sufren los inquilinos.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Rafael Lara, dejó claro que la media que presenta El Puerto es «muy preocupante teniendo en cuenta que los datos van en ascenso». Así, dejó claro que dentro de unos años la situación podría ser «mucho peor».

Por ello, considera que el Ayuntamiento y la Junta tienen que trabajar de forma conjunta para apaliar el problema del desempleo que propicia la exclusión social. «Hay que poner en marcha políticas reales de empleo y dejar de marear la perdiz», según palabras de Lara.

Además, el portavoz considera imprescindible que se pongan en marcha programas para solucionar los problemas del tráfico de droga y que se inicien políticas encaminadas a rehabilitar las infraestructuras de los barrios más desfavorecidos. La formación es otro de los pilares que, según Lara, hay que mejorar.

Desde Pro Derechos Humanos se entiende que los políticos no ponen en marcha todos estos puntos porque la población a la que va dirigida, por problemas de formación, no reivindican sus derechos. Además, Lara incide en que «políticamente suponen muy poco peso, por lo que los Ayuntamientos prestan atención en otros asuntos».

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