Los vecinos de Tavizna se concentran frente al hotel ilegal e impiden su derribo

La Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta se vio obligada ayer a suspender la demolición de una construcción ilegal en Tavizna, dentro del municipio de Benaocaz, que se utilizaba como casa rural. Los vecinos de dicha barriada, con el alcalde a la cabeza -Juan María Manganas (PP)-, fueron los que evitaron que las máquinas entraran en la parcela donde se pretendía actuar. Mostraron de este modo su «indignación» con esta decisión ya que consideran que «se está utilizando a la familia propietaria de la casa como cabeza de turco». Efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional, además de la Policía Autonómica, amenazaron con denunciarlos, algo que finalmente no ocurrió.

El propietario de la construcción, Francisco Coronil, puso el acento en que «no se trata de un hotel como se ha pretendido vender desde Medio Ambiente, sino que es una casa familiar que se ha construido con el sudor de 46 años de trabajo de mi vida».

La demolición estaba prevista que se iniciara a las 10 horas y pasadas la una de tarde los operarios de demolición desistieron por la cadena humana que se concentró en la entrada. Eso sí, la Consejería ha reiterado que seguirá adelante con su intención para que «se lleve a cabo la demolición cuanto antes, cumpliendo así con la legalidad». Lo cierto es que los vecinos, uan vez que se supo que la demolición no se llevaría acabo ayer, recibieron al propietario de la vivienda entre aplausos.

La delegada provincial de Medio Ambiente, Gema Araujo, cargó contra el alcalde de Benaocaz. Éste ha tratado de que se paralice la demolición porque «la Junta exige que se cumpla la legalidad y no nos pide la correspondiente licencia de obras que necesita para hacer el derribo». Araujo, asegura que procederán a enviar un informe al juez sobre lo sucedido ayer e incluso barajan la posibilidad de llevar ante la fiscalía la «actitud del alcalde».

Además, lamentó que «entre él y los vecinos hayan impedido la demolición que cuenta con una sentencia firme y se tenía que haber ejecutado ayer». Añadió que «el PP ampara a alcaldes que desprecian la legalidad vigente y esperamos, por tanto, que se tomen medidas».

Fue en 2001 cuando agentes de Medio Ambiente denunciaron la construcción del complejo en suelos protegidos y en 2006 se exigió la demolición. La concejal de Urbanismo, María Luisa Sánchez, comentaba que «estamos tratando de que la zona se legalice por medio del nuevo PGOU».