Deslegitimación judicial

La adecuación de la misma a las previsiones disciplinarias a las que podía acogerse el órgano de gobierno de la Magistratura y la necesaria autonomía con que éste ha de adoptar decisiones que evalúan el trabajo y la profesionalidad de los jueces ni lo protegen de la incomprensión social que ha suscitado la levedad del castigo impuesto ante unas irregularidades de consecuencias tan dramáticas, ni tampoco lo eximen de la legítima crítica política a la que están expuestas resoluciones que afectan a asuntos de incuestionable relevancia pública. Pero las discrepancias que puedan despertar tanto las sentencias de los tribunales como los pronunciamientos del Consejo del Poder Judicial no deberían desembocar, y menos en un caso tan sensible, en una deslegitimación como en la que han incurrido en las últimas horas el Gobierno y el Partido Socialista. La exigencia para que el presidente del Consejo explique en el Congreso el régimen sancionador de la institución y las razones que han llevado a sólo multar a Tirado ha obviado la evidencia de que Carlos Dívar difícilmente puede referirse a una decisión sobre la que pesará un recurso que él mismo deberá afrontar en su calidad de máximo responsable del Supremo.

Pero más censurable resulta aún que los socialistas interpreten que el mismo Consejo que se conformó lastrado por el indisimulado reparto de los vocales pactado con el PP ha defraudado ahora la confianza depositada en sus nuevos integrantes, como si su imprescindible independencia hubiera quedado anulada por los vicios reiterados en el proceso de designación