El Gobierno cambia la ley de Extranjería a la medida del PP para lograr su apoyo

El Consejo de Ministros aprobó ayer una reforma de la ley de Extranjería que bien podían haber firmado los representantes del PP. El anteproyecto modifica medio centenar de los 71 artículos del actual texto y endurece la política de inmigración en términos casi idénticos a los que defendía el PP en su proposición de ley del pasado noviembre: terminar con las reagrupaciones familiares en cadena, subir las multas a los que propician la inmigración ilegal, incrementar el control de los flujos y potenciar los instrumentos del Estado para las expulsiones de clandestinos, entre otros aspectos.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no cree que haya problemas para que, tras los dictámenes del Consejo de Estado, Poder Judicial, Consejo Económico y Social, Conferencia de Inmigración y Foro de Inmigrantes, el proyecto será aprobado sin demasiada oposición en el Parlamento. Será un cambio notable en relación a los desencuentros de 2000 y 2003 entre el entonces Gobierno popular y la oposición socialista por las reformas de este texto, unas diferencias que acabaron en el Constitucional. El ministro se mostró «seguro» de que la «mayoría de las fuerzas políticas» apoyará la reforma.

Copia

Una convicción que no está descaminada. El secretario general del grupo popular, José Luis Ayllón, se felicitó ayer mismo de que «el Gobierno haya reconocido su error en inmigración» y denunció que la reforma «tardía» es copia en «un 80%» de la del PP. Además del partido opositor, que tiene instrucciones de Mariano Rajoy de hacer lo posible por consensuar con el Gobierno la que será cuarta reforma de la ley, CiU apoya los cambios que adecuen la norma a la deteriorada situación del mercado laboral. De hecho, el Congreso aprobó en septiembre una moción de los nacionalistas que instaba al Ejecutivo a hacer cambios en la legislación. Sólo IU y ERC parecen oponerse.

No obstante, antes del trámite parlamentario, el Ejecutivo presentará su iniciativa a las organizaciones no gubernamentales, donde, ahí sí, va a encontrar oposición a la estrella del proyecto: el endurecimiento de las condiciones para reagrupar a familiares de los inmigrantes legales para evitar las regularizaciones en cadena, ya que los reagrupados se convierten en meses, a su vez, en reagrupantes.

El texto ya anticipa que en este asunto se va a ser «riguroso»: sólo viajará a España la «familia nuclear». Para traer a los ascendientes, el inmigrante deberá tener residencia de larga duración (cinco años), se exigirá que los padres tengan más de 65 años y haya motivos que «justifiquen» el movimiento. «La reagrupación de los ascendientes debe tener en cuenta la sostenibilidad de una política migratoria donde la capacidad de acogida no es ilimitada», advirtió el Gobierno.

En ese punto, la sintonía es total con el PP, que en su proposición reclamaba cambios porque «el actual modelo de reagrupación se está convirtiendo en un mecanismo de entrada en España más allá de su finalidad originaria que era recomponer los núcleos familiares». El aumento de 40 a 60 días de internamiento de los 'sin papeles' pendientes de expulsión también será apoyado por el PP, que había propuesto dejar ese período en 40 día prorrogables a otros 30. Interior y Trabajo debatieron sobre este asunto hasta última hora y descartaron al final una ampliación de diez días.

El incremento del periodo de internamiento será otro de los puntos espinosos en el debate con las organizaciones sociales, a pesar de que el Gobierno ha rechazado llevar la reclusión a los 18 meses que permite la UE.

Las diferencias con el PP, reconocen en el Gobierno y el partido opositor, existen, pero son «cuestiones menores». El Ejecutivo se ha negado, como pedían los populares, a prohibir por ley las regularizaciones extraordinarias «masivas» como la que los socialistas hicieron en 2005, que terminó con la legalización de 600.000 trabajadores que eran clandestinos.

El proyecto tampoco recoge cambios en el arraigo para lograr la residencia ni se hace eco del «contrato de integración» que Rajoy planteó en la campaña electoral y que obligaba a los extranjeros a «respetar los valores constitucionales y aprender la lengua». Eso sí, la reforma prevé medidas para «favorecer el aprendizaje del castellano y lenguas cooficiales».