El cuento de nunca acabar

Cuando determinados acontecimientos se hacen reiterativos o cuando las noticias sobre un mismo hecho se prodigan en exceso nuestra capacidad de asombro disminuye paulatinamente. No sería exagerado decir que una mayor reiteración suscita una menor atención. Por muy impactante que sea una noticia, si se repite con frecuencia deja de interesarnos. Lo que se convierte en rutina cotidiana termina por aletargar nuestra conciencia frente a sucesos o situaciones que en sí mismos pueden constituir una drama colectivo o un escándalo de grandes proporciones.

Por ejemplo, en Chiclana -en menor medida en otras localidades de la provincia- se han construido a lo largo de varios años nada menos que 15.000 viviendas ilegales. Algunos sostienen que bastantes más. Son muchas las infracciones cometidas contra la legislación urbanística y extraña que durante tanto tiempo nos se hayan tomado las medidas oportunas para evitarlas o sancionarlas. Las Administraciones competentes parecen que miran para otro lado, así que lo que en su día se pudo controlar se transforma ahora en una enorme bola de nieve, en un alud imparable. No se puede alegar ignorancia o desconocimiento porque las viviendas no brotan de la noche a la mañana como espárragos silvestres después de la lluvia o como setas de otoño.

En 1995 se intenta sancionar a los infractores con fuertes multas. Nadie o casi nadie las hace efectivas. Mientras tanto, se aplican castigos ejemplares. En Zahara de los Atunes se procede, con gran retraso por cierto, a la demolición de un hotel construido sobre las arenas de la playa. Más tarde cae bajo la piqueta la casa club del complejo Montenmedio. Pecata minuta si se compara con la enorme dimensión que alcanza el problema chiclanero.

Como 15.000 viviendas son muchas viviendas que a su vez significan muchas familias afectadas y por ende muchos electores, el Ayuntamiento inicia los correspondientes procedimientos para su regularización y consiguiente legalización. Y es ahí donde surge un nuevo motivo de asombro. Los infractores, beneficiarios de las medidas de regularización, se agrupan para conseguir de la administración un menor coste de las obras de saneamiento que están obligados a pagar. Si eso se acepta, el resto de los ciudadanos tendrá que financiar las diferencias resultantes hasta cubrir el importe total de las obras. Ver para creer.