La Junta exime su culpa en la muerte del anciano de La Granja

La Consejería de Igualdad y Bienestar Social ha presentado una contestación a la demanda interpuesta por una familia jerezana contra la residencia de ancianos de La Granja, a raíz de la muerte de uno de los internos tras incendiarse su habitación en 2005.

Como especifica el escrito de la Consejería dirigido al Tribunal Superior de Justicia, encargado de tramitar el procedimiento, la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración exige una causalidad directa entre los daños que se alegan y el funcionamiento del servicio, de manera que aquellos sean consecuencia de éste. Sin embargo, como argumenta la Junta de Andalucía, «ese nexo causal queda destruido cuando en los daños interviene un tercero o el propio perjudicado, como ha sucedido».

Es decir, la parte demandada considera que el hecho de que el anciano originase el fuego que acabó con su vida mediante un cigarro exculpa por completo a la dirección del centro y a la Consejería como titular del mismo.

Consciente de sus actos

En la contestación, los servicios jurídicos de la Junta recuerdan que, según un informe emitido por el jefe de la unidad médica de la residencia, el fallecido «tenía un hábito tabáquico muy acentuado. Los trabajadores de las dependencias y yo mismo le retirábamos el mechero y el tabaco, pero volvía a hacerse con ellos... Era consciente de sus actuaciones... Se le advirtió muchas veces de la prohibición de fumar en su habitación y de que había zonas reservadas para tal hecho, pero hacía caso omiso de ello».

Además, la Administración vuelve a insistir en que los sistemas antincendios del centro funcionaron correctamente y el personal del mismo no tardó más de un minuto en presentarse en la habitación a sofocar el fuego. La familia del finado, por su parte, se reitera en su versión inicial y pide a la Junta una indemnización de 70.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial.

Como declaró ayer el letrado de la misma, Fernando Osuna, «es imposible que llegaran en un minuto, para que se incendiase todo y muriese el anciano tuvieron que tardar al menos seis o siete. Podían haberlo evacuado y socorrido a tiempo». El letrado asegura también que las actividades del jubilado tenían que haber sido vigiladas más de cerca, e incluso que «podían haberle expulsado de la residencia, si era un fumador empedernido y en las habitaciones estaba prohibido fumar».