Rajoy pone en pie de guerra a sus alcaldes contra la política de Zapatero

Mariano Rajoy se rodeó ayer de centenares de alcaldes y cargos provinciales que arremetieron contra José Luis Rodríguez Zapatero, liderados por los primeros ediles de Madrid y Valencia, Alberto Ruiz-Gallardón y Rita Barberá. El presidente del PP hizo una exhibición de su fuerza frente al Gobierno que compensó la magra representación de presidentes autonómicos -cuatro y un consejero- que apoyaron la víspera su alternativa económica. Por el momento, los alcaldes no saldrán a las calles pero se mantendrán en pie de guerra, movilizados en demanda de una financiación estable.

En un mitin emblemático, los poderes locales populares sumaron sus voces contra la política municipal del Gobierno socialista, descalificaron el plan de inversiones para ayuntamientos que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes y le auguraron un decepcionante futuro.

Mandatarios de pequeñas y grandes ciudades coincidieron en advertir de que los ocho mil millones de inversión para obras municipales se quedarán en agua de borrajas y no solucionarán nada porque son «pan para hoy y hambre para mañana». Sin embargo, ninguno de los convocados se mostró dispuesto a renunciar a los fondos destinados a proyectos de infraestructuras, lo que impedirá que el Grupo Parlamentario Popular vote en contra de la convalidación del real-decreto y ahora se debate entre el apoyo y la abstención.

La hostilidad era manifiesta entre los centenares de cargos populares que se dieron cita en la Casa de Campo de Madrid. El reproche era común: el maltrato al que se sienten sometidos por el Gobierno central.

El plan de inversiones del Gobierno se llevó las más duras críticas y Rajoy -como antes hiciera Rita Barberá- lo comparó con «una aspirina, que no es el medicamento adecuado para una enfermedad gravísima». Denunció que se pretendan crear 200.000 puestos de trabajo con ocho mil millones de euros cuando, sólo en los últimos «dos meses, más de trescientos mil trabajadores han perdido sus puestos de trabajo».

La alcaldesa de Valencia llevó la voz cantante de la protesta, no en vano fue presidenta de la Federación de Municipios y Provincias cuando el PP estaba en el poder. «Seguimos convocados para luchar por el mundo local», avisó a Zapatero, «porque estamos hartos ya de estar hartos», proclamó. Pero también fue muy sincera al reconocer que las inversiones millonarias previstas por el decreto-ley gubernamental serán bienvenidas en las arcas municipales. «A nuestros pueblos y ciudades les va a venir muy bien esa inyección de 8.000 millones», declaró. Le parece una medida «positiva» pero «a todas luces insuficiente» para solucionar «la dramática» situación de los ayuntamientos.

Los «parches»

Barberá no ahorró críticas al presidente del Gobierno y le reprochó que ponga «parches» y medidas «paliativas» con un plan que -dijo- será «claramente ineficaz». Afirmó que sus resultados serán efímeros y sólo servirá para dar trabajo «durante un plazo muy corto, de unos meses», que es el tiempo que calculó tardarán en concluirse las obras previstas en el plan de inversiones.

El decreto obliga a los ayuntamientos a sujetarse a unos tiempos tasados de proyección y ejecución, con una cantidad también limitada para su presupuesto. «Esos trabajadores volverán a la cola del paro, lamentablemente, en unos meses porque Zapatero continúa sin abordar el centro del problema». Para «coger el toro por los cuernos», el Gobierno debería -según Barberá- cambiar el sistema de financiación de los ayuntamientos.

Alberto Ruiz-Gallardón siguió la misma tónica reivindicativa con la intención de demostrar que los alcaldes del PP no se conformarán con las inversiones aprobadas el viernes y seguirán activos en la exigencia de una solución de fondo a su problema estructural. Mientras no se atiendan las demandas del municipalismo por una financiación estable «se estará incumpliendo el mandato constitucional», denunció. «Eso es ir claramente contra la Constitución», acusó.

El más rotundo fue el alcalde de Gador (Almería), Eugenio González, que denunció los problemas que plantea el decreto a los pequeños municipios. «Nos lo han puesto muy difícil», se quejó. Tildó el plan de «oportunista» y dijo que Zapatero pretende utilizar a los ayuntamientos «para dar falsas esperanzas a miles de parados». «Los tendremos a la puerta de los ayuntamientos», vaticinó.