El Poder Judicial pide a los tribunales autonómicos que aplaquen a los jueces

El presidente del consejo, Carlos Dívar, y varios vocales reunieron ayer en Madrid a los presidentes de 16 tribunales superiores de Justicia -faltó a la cita el de Baleares- para buscar su complicidad, pedirles que calmen los ánimos de la judicatura y, en último término, reclamarles que «ejerzan su autoridad» para controlar la legalidad de las protestas de los jueces. La situación se tensa a medida que se acerca la fecha de la huelga convocada por jueces y magistrados de Extremadura y Murcia, a la que se ha sumado Galicia.

Además, y conforme se aproximan las juntas de jueces convocadas el próximo mes de enero en el resto de las comunidades autónomas para decidir si los jueces allí destinados secundan o no el paro, el clima de enconamiento se acrecienta, por lo que al Consejo no le ha quedado más remedio que multiplicar su actividad para enfriar el enfado de la carrera judicial.

En una rueda de prensa posterior a la reunión, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, pidió a los presidentes de los tribunales superiores que comprueben la legalidad de las últimas juntas de jueces convocadas el 21 de octubre y el 14 de noviembre pasados.

Según la portavoz, algunas actas incluyen protestas referidas a asuntos que «nada» tienen que ver con la reforma de la administración de justicia, la carga de trabajo o la falta de medios: en algunas reuniones se defendió la necesidad de modificar el sistema de elección del CGPJ.

Por vez primera, la portavoz del Consejo reconoció que un importante factor del malestar en la judicatura es la reciente renovación del órgano de gobierno de los jueces y recordó a los jueces que ese asunto compete en exclusiva al Poder Legislativo, por lo que las protestas judiciales carecen de sustento legal.