«Los bancos usan las ayudas para responder a sus propios riesgos en vez de transferirlo a la economía real»

El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, José Manuel Galindo, ha denunciado hoy que las "ineficiencias" que se producen en la regulación del sector determinen el precio final del producto inmobiliario. Un problema que, según apuntó, se solucionaría con una gestión del suelo "más segura jurídicamente, más flexible y más transparente" para promover precios más bajos que los actuales y, en consecuencia, viviendas más baratas.

En un videochat con los periódicos de Vocento en Internet, Galindo ha abogado asimismo por que la Administración adquiera viviendas en stock de los promotores para convertirlas en viviendas de protección para su puesta en alquiler. Según ha explicado, en España es necesaria la creación de un parque en alquiler para dar opción a muchas familias a encontrar vivienda a precio razonable.

A preguntas de los lectores, el representante de los promoteres españoles ha insistido en su idea de que "sólo se conoce la existencia de las burbujas en el momento en que pinchan, así como las reactivaciones se conocen después de que se producen" por lo que, ha asegurado, "no hay una tendencia que se pueda extrapolar en esta situación para modelizar lo que va a ocurrir". Según ha explicado, lo que necesitamos es que se "reinicie la actividad" para poder proyectar comportamientos como los de "producción, precio y esfuerzo financiero".

Crear segundas hipotecas con aval público

De cara al 2009, Galindo ha previsto "muy poco inicio de nuevas viviendas hasta que se vaya absorbiendo el stock de viviendas terminadas y sin vender, lo que a su entender tendrá efectos "muy negativos en la creación de empleo, un problema mayor incluso que el económico". A corto plazo no prevé cambios significativos en el sector pero sí se ha mostrado esperanzador a largo plazo porque, ha señalado, "tanto los momentos de alza como de baja no son momentos que duren de por vida".

El presidente de la APCE no cree que haya desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda, que cifra en una demanda potencial de 300.000 viviendas y una oferta de 500.000, sino que "falta crédito bancario". Así, ha señalado que los bancos utilizan las ayudas del Gobierno "para responder a sus propios riesgos" en lugar de transferirlo a la economía real por lo que ha abogado por crear segundas hipotecas "con avales públicos".

La propuesta de Galindo apunta a que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) funcione como segundo avalista del comprador de una vivienda de protección oficial o bien se constituya una segunda hipoteca del 20 o el 30% por parte de esa institución. Según planteó, la ayuda estatal para adquirentes sin recursos estaría justificada al ser vivienda que requiere ayuda pública de primera necesidad.

Asimismo, ha recordado que para incentivar la demanda es necesario que "disminuya la restricción al crédito que se observa en los bancos, que piden unas garantías que muchas veces son insalvables por los compradores". En relación con los precios, Galindo ha señalado que "cualquier persona que disponga de dinero para comprar llegará a un acuerdo en precio con el promotor", porque, ha explicado, "a nadie le interesa tener un producto que quiere vender y no venderlo por una cuestión de precio".