Plan de 200.000 millones para Europa

Doscientos mil millones de euros, un punto y medio del PIB europeo. Ésta es la cifra mágica que la Comisión europea se sacó ayer de la chistera para construir en torno a ella una iniciativa de relanzamiento económico a dos años, con el énfasis puesto esencialmente en 2009, con la que hacer frente a la crisis.

Después de dos semanas largas de difícil y problemática peregrinación por las principales capitales europeas, José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión, compareció a mediodía de ayer ante los medios informativos junto con el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, para dar cuenta de sus planes contra la crisis que prometió a comienzos de mes. Y soltó la cifra y el porcentaje de PIB europeo a la que esta corresponde, lo que contradice especulaciones de estos días atrás según las cuales el plan de acción europeo contra la crisis no rebasaría los 130.000 millones o el 1% del PIB de Los 27.

Bruselas pretende que los Estados miembros inviertan 170.000 millones en el relanzamiento de sus economías nacionales. No reclama dinero adicional para el presupuesto común. Los 30.000 millones restantes vendrían del presupuesto comunitario (14.400) y del Banco Europeo de Inversiones (15.600). La Comisión desarrollaría una función coordinadora de las inversiones nacionales, de modo que los esfuerzos sumaran y no se contradijeran o neutralizaran.

Alemania ha anunciado ya un plan de acción nacional para fomentar el consumo y ayudar a los sectores en crisis por un importe de 32.000 millones. El Reino Unido, Francia y España han prometido también medidas. El problema -no resuelto- es que los 170.000 millones de actuaciones nacionales no están garantizados. Berlín, que se ha negado a financiar la recuperación del conjunto de Los 27 a través de inyecciones adicionales al presupuesto de la UE, apostaba por un plan cifrado en 130.000 millones, es decir, el 1% del PIB europeo.

La Comisión, sin embargo, ha querido ir más lejos. Ayer, Barroso manifestaba que un esfuerzo inversor del 1,5% del PIB europeo, convenientemente gestionado, puede tener un impacto real en la economía comunitaria. Una cantidad inferior a esa «no tendría credibilidad» entre mercados y operadores.

Las cifras europeas se mantienen muy por debajo de las que se están planteando al otro lado del Atlántico. Es, en buena medida, resultado de la fragmentación de la respuesta a la crisis entre los diferentes Estados miembros y del temor con el que Europa observa todavía el desbarre de las cuentas públicas, un temor que Washington parece haber perdido.

Disciplina presupuestaria

Porque, independientemente de que la situación merezca ser calificada de excepcional, lo cierto es que la Europa comunitaria no quiere dar portazo a la disciplina presupuestaria. Nada de poner en suspenso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) durante dos años, como se ha aventurado estos últimos días en algunos foros. «Aprovecharemos todo el margen de flexibilidad que nos ofrece el PEC revisado», decía Barroso, y Almunia le secundaba recordando que la instrucción de expedientes de infracción por déficits excesivos «no tiene lugar si el desbordamiento del 3% de déficit presupuestario es de unas décimas y tiene, además, carácter temporal».

Pero el PEC revisado permite interpretar con cierta laxitud lo que sea una «situación excepcional», ajena a la voluntad y capacidades de un Estado. En esas circunstancias -y de ahí lo llamativo de que Barroso comenzara su exposición hablando de la «excepcionalidad» de la situación-, los derrapes de la disciplina presupuestaria tienen una consideración diferente que en tiempos económicos normales.

El problema con el que el plan europeo tropieza de inicios es que todos los Estados miembros no están en condiciones de responder a las demandas de Bruselas. Informaciones procedentes de Polonia daban cuenta ayer tarde de que el primer ministro, Donald Tusk, veía muy problemático encontrar financiación para intervenir en la iniciativa de relanzamiento. Y los alemanes, por su parte, siguen sin querer ir más allá del 1% del PIB.