«Somos supervivientes, no víctimas»

Esperanza es el nombre ficticio de una mujer de 47 años que escapó de su agresor y halló refugio en una casa de acogida. No quiere para ella ni para el resto de compañeras que han vivido su situación el término de "víctimas", porque estas son "las que ya no pueden hablar. Nosotras somos supervivientes". Hoy ayuda a otras maltratadas a superar el miedo y atiende las demandas no resueltas por las administraciones públicas, sobre todo en el ámbito de los servicios sociales.

En 2002, Esperanza junto a otras mujeres como ella, participó en la creación de la primera organización formada en España por maltratadas. Empezaron cuarenta y ahora suman más de 600 en Andalucía y 270 en el resto del país, relata Esperanza en una entrevista con la Agencia Efe.

Programas de acompañamiento, atención educativa a menores y atención telefónica permanente son algunas de las iniciativas de intervención que desarrolla la asociación Miríadas.

En la víspera del Día Internacional contra la Violencia de Género, Esperanza opina que se ha avanzado en lo que se refiere a la protección inmediata de las amenazadas, pero siguen "cojas" las ayudas y los servicios sociales (dificultades para cambiar de residencia, tener un nuevo empleo o plaza escolar, las cuantías de las ayudas son iguales para madres con uno o con seis hijos...). En definitiva, afirma, "no se está trabajando suficientemente lo que es el periodo de recuperación y reparación de las mujeres. Es un proceso muy largo en el tiempo y ahí los recursos son mínimos".

Una vez que las administraciones ofrecen la respuesta judicial y policial parece que ha desaparecido el problema. "Se necesitan muchas más políticas sociales y más recursos económicos" en este ámbito, insiste. Además, recalca, una vez que la mujer ha denunciado, generalmente cae en unos mayores niveles de pobreza, lo que se acentúa aún más en el caso de las maltratadas extranjeras.

Carencias económicas

Pone el ejemplo de mujeres que forman parte de Miríadas en la ciudad de Huelva. La mayoría no tienen siquiera para abonar los tres euros de cuota mensual de socias de la asociación. El alquiler medio en esta capital andaluza gira en torno a los 400 euros y muchas cobran un sueldo de 500 euros trabajando todo el día en el servicio doméstico o cuidando a personas mayores.

El resultado es que las carencias económicas son enormes, "hay que pagar la bombona de butano, la luz...". De ahí, las periódicas campañas de Miríadas para conseguir alimentos, "lotes higiénicos" o simplemente dinero para su siempre paupérrimo Fondo de Emergencias. Por otro lado, enfatiza la coordinadora, sería vital que antes de la presentación de denuncia, -"un paso difícil y decisivo"-, las mujeres gozaran de un eficaz asesoramiento legal, social y psicológico.

Sólo de esta manera, argumenta, tendrían tiempo suficiente para tranquilizarse, relajarse y asumir más seguras el paso definitivo de la ruptura y el comienzo de una nueva vida. A su juicio, conforme se ha ido asentando la ley integral contra la violencia de género, aprobada en 2004, "las medidas de protección inmediata están funcionando", desde la concesión de las órdenes de protección, a la teleasistencia, policía de acompañamiento y quienes corren mucho riesgo son acogidas rápidamente en un centro.

Las sedes de las asociación Miríadas se reparten por la comunidad andaluza, pero también atienden por correo electrónico y teléfono a mujeres de Madrid, Baleares, Valencia, Cataluña o Canarias. Lo que más demandan las mujeres que lo están pasando mal es "la escucha activa" y el acompañamiento a hospitales, comisarías o juzgados. Miríadas no tiene abogados ni psicólogos ni otro tipo de profesionales, porque "no se trata de duplicar los recursos existentes" en otras instancias, sino de ayuda mutua entre iguales.