Conciliar intereses

La unánime resistencia política ante la eventualidad de que Gazprom se pudiera convertir en el primer accionista de Repsol dio paso ayer a la preliminar admisión, por parte del Gobierno, de una compra cercana al 30% de la energética española por parte de la petrolera Lukoil, mientras la oposición popular criticaba la «pasividad y complacencia» del Ejecutivo. El presidente Rodríguez Zapatero trazó la diferencia subrayando que esta segunda compañía rusa es privada y está participada por otra estadounidense. Pero tanto de sus palabras como de las declaraciones del ministro Sebastián se deduce que no resulta fácil compatibilizar los intereses de los accionistas y la libertad de mercado con la necesidad estratégica que España tiene de preservar la independencia y la bandera de una empresa que, tanto por sí misma como por su presencia en Gas Natural, representaba hasta ahora una parte crucial de la cuota no dependiente de nuestra provisión energética. Esa dificultad está además vinculada a la peculiar relación que el poder político ruso mantiene tanto con las compañías de origen público como con las empresas formalmente privadas. Una relación en absoluto homologable a la que se da en cualquier país democrático, y que invita a pensar que la estrategia empresarial de Lukoil no puede distanciarse en exceso del papel que el suministro energético ocupa, aun a pesar de la caída del precio del petróleo, en la estrategia con la que el Kremlin trata de subrayar la dependencia europea. Una vez que se ha informado de la existencia de negociaciones o conversaciones entre los accionistas de Repsol que podrían ofrecer a Lukoil la participación mencionada y esta compañía, es ineludible para el Gobierno, como para el resto del arco parlamentario, la definición y exposición pública de criterios más precisos sobre la cuestión. Hubiese sido deseable que tales criterios se basasen en postulados previamente establecidos con carácter general. Pero dado además que ayer quedaron al descubierto las medias verdades con las que la semana pasada se trataron las supuestas intenciones de Gazprom, cuando ya había trascendido que la compañía de referencia era Lukoil, solo cabe exigir del Ejecutivo el máximo de claridad y coherencia.