Se alquila piso en José Antonio por 3.000 euros

Siete días es el tiempo que ha dejado pasar la Policía Nacional para llevar a cabo una nueva intervención en la barriada de José Antonio. Ayer regresaron con otra redada que se extendió a Los Milagros; otro barrio castigado por el narcotráfico y que también está en el punto de mira de la jefatura de la comisaría portuense donde se ha declarado la guerra contra el mercadeo de droga en estos dos puntos del mapa portuense. Unos barrios deprimidos pero paradójicamente, en el caso de José Antonio, donde se pagan alquileres a precio de Gran Vía madrileña. Es otra consecuencia del narcotráfico.

Los resultados de la operación policial de ayer fueron similares a los obtenidos hace una semana: dos personas fueron detenidas -una mujer y un hombre, mayores de edad y con antecedentes-, se incautaron pequeñas cantidades de hachís y cocaína, una balanza de precisión y unos 2.000 euros en metálico. Previsiblemente los dos arrestados pasarán hoy a disposición judicial.

Dos viviendas fueron registradas porque servían de puntos de venta de estupefacientes; y lo que resultó más frustrante para los agentes: en una de ellas se podían ver las señales de que había sido reventada por la Policía en al menos otras tres ocasiones anteriores. Es la prueba de que sacar este negocio ilícito de José Antonio y Los Milagros va a resultar una tarea muy complicada.

Los dos pisos habían sido equipados con las habituales medidas de seguridad como las puertas blindadas y cerradas con travesaños que roban de las vías férreas. En una de esas viviendas, los agentes comprobaron que había marcas provocadas por las herramientas que emplean para abrir a la fuerza estas 'cajas fuertes'. Pero la evidencia de que cada punto que desarticulan es rápidamente reabierto a toxicómanos y traficantes al por menor ya no coge de sorpresa a la Policía. Es más, ayer mismo los agentes pudieron ver por sus propios ojos que ya habían tapado el enorme agujero que habían abierto en la pared de uno de los pisos registrados hace siete días.

Pero la droga no sólo beneficia a los que la distribuyen. La Policía sabe que muchas de las viviendas que desmantelan están alquiladas por traficantes que llegan a pagar hasta 3.000 euros. Los propietarios saben qué uso le van a dar a su piso y se aprovechan de ello engordando unos precios desorbitados por inmuebles de reducidas dimensiones -50 metros cuadrados-, en pésimas condiciones, graves problemas de salubridad e higiene y donde los muebles brillan por su ausencia. Esta información que le ha llegado a la Policía no está plasmada en contratos ni en documentos que sirvan para vincular a los dueños con ganancias obtenidas directamente de la droga. Ésa es la otra guerra.