TRANQUILIDAD. Muriano compareció ayer para contestar públicamente a las acusaciones. / J. M. A.
Chiclana

El tripartito acalla la moción de censura con otro supuesto caso de prevaricación del PSOE

Aseguran que hasta ahora no han querido «levantar alfombras» y piden dimisiones

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El gobierno tripartito está tratando de parar a toda costa la inminente presentación de una moción de censura que están gestando de forma conjunta PSOE, PSA e IU, y ayer denunció un nuevo caso de prevaricación cometida presuntamente por el ex-delegado municipal de Urbanismo socialista, Joaquín Muriano.

El actual responsable de la GMU, José Pedro Butrón, y los concejales del PA y el PP en el gobierno local, Manuel Guerrero y Andrés Núñez, hicieron pública la concesión de la licencia de obra mayor al supermercado (de la compañía Dinosol) ubicado en el centro comercial Tartessus de la urbanización Loma del Puerto, que a su juicio, fue concedida el pasado día 25 de mayo de 2007, «separándose de los criterios técnicos que alertaban de un exceso de edificabilidad de 571 metros cuadrados en utilización bajo rasante», lo que según el tripartito «podría ser constitutivo de un delito de prevaricación».

Para los denunciantes además, el anterior gobierno cobró casi 391.000 euros por dar licencia a esos aprovechamientos, que a su juicio «no son legalizables»; y que hacen referencia al sótano utilizado como espacio de atención al público, (por lo que su superficie se suma a la del inmueble), en una actuación que según el PP «refleja en las manos que hemos estado, donde un concejal hacía lo que le daba la gana».

Este segundo caso de presunta prevaricación «se firmó curiosamente el último día hábil antes de las elecciones municipales del pasado año», lo que también resulta «cuando menos sospechoso» para el actual gobierno.

Para hablar sobre estas denuncias por prevaricación tanto en este tema como en la concesión de la licencia de primera ocupación del hotel Barceló en Novo Sancti Petri compareció ayer ante los medios de forma oficial por primera vez el edil socialista acusado, Joaquín Muriano.

Él explicó que «toda esta campaña de acoso y derribo contra mi persona y contra algunos de mis compañeros sólo responde a una estrategia del calumnia que algo queda, que de paso está perjudicando seriamente a la ciudad de Chiclana», dijo.

Para el ex-concejal de Urbanismo socialista, «tanto la licencia de primera ocupación del hotel Barceló como su licencia de apertura (que curiosamente firmó el propio Butrón), son legales», por lo que a su juicio hay que transmitir «tranquilidad a los ciudadanos y a los inversores».

Además, Joaquín Muriano aseguró que «esta gestión de los aprovechamientos urbanísticos en bajo rasante (plantas sótanos o garajes), es una práctica administrativa poco frecuente pero perfectamente válida, más aún cuando se recibe un pago directo por ellos que van a parar a las arcas municipales de forma directa», explicó.

Moción de censura

La situación para el socialista es bastante clara; «el Ayuntamiento recibió por ambos proyectos en este concepto de excesos de aprovechamientos 2,251 millones de euros, un dinero que suponemos que se habrá gastado el señor Butrón en cargos de confianza o en otra cosa, y que suponemos que se podrá justificar...», ironizó.

Las acusaciones y los contínuos reproches entre el actual gobierno municipal y el anterior del PSOE están monopolizando en los últimos días la vida política local.

Como telón de fondo se encuentra la inminente presentación de la moción de censura contra Marín que promueve el PSOE, y que podría hacerse oficial antes de que finalice esta semana.