Respuesta parcial

La comparecencia del presidente del Gobierno para hacer público un nuevo paquete de medidas contra la crisis volvió a dar prueba, tanto por la urgencia que dejó traslucir la convocatoria, como por el carácter particularmente sensible de las iniciativas planteadas de la gravedad de la parálisis que acecha a nuestra economía. Una economía que, según las últimas previsiones de la Comisión Europea, será una de las que con mayor fuerza sufrirá el embate de una recesión que se da por inevitable y que situará los niveles de desempleo en nuestro país en el 15% para 2010. La dureza del ajuste que ya se está dejando sentir en la economía real y los augurios que vaticinan que las dificultades se prologarán al menos durante todo el próximo año enmarcan sin duda las iniciativas dadas a conocer ayer por Rodríguez Zapatero, cuyos principales destinatarios son los desempleados, los hogares con recursos más limitados y quienes estén hipotecados o sufran las restricciones crediticias para adquirir una vivienda. Resulta evidente que decisiones como la de permitir una moratoria hasta dos años del 50% de las cuotas hipotecarias a los desempleados con responsabilidades familiares, o la posibilidad de anticipar en las nóminas mensuales las deducciones por vivienda en la declaración del IRPF, pueden constituir un motivo de alivio para aquellos ciudadanos que están soportando ya las consecuencias más gravosas de la crisis; especialmente por la pérdida de su puesto de trabajo. Pero es cuestionable que el impacto favorable de esas medidas constituya una cobertura duradera y suficiente si los problemas se agudizan en una coyuntura tan incierta, como también lo es que vayan a movilizar el gasto personal cuando la liquidez disponible tiende ahora a refugiarse en el ahorro antes que en el consumo.

El Gobierno parece así nuevamente inclinado a favor de una estrategia más proclive a la concesión de ayudas que al impulso a un plan articulado que permita no sólo crear empleo, sino evitar la acelerada destrucción del mismo que empieza a aflorar en las estadísticas. Las bonificaciones anunciadas para las contrataciones indefinidas de desempleados y para aquellas situadas en los llamados «sectores estratégicos» pueden resultar tan tardías como insuficientes cuando las inversiones se han retraído hasta repercutir negativamente en un mercado laboral muy dependiente, además, de la construcción y del sector servicios. El margen de déficit en que aún pueden incurrir las saneadas cuentas del Estado no exime al Gobierno ni de calibrar con todo rigor la eficacia de las iniciativas a las que vaya a dedicar los recursos públicos, ni a explicar con detalle, en este caso concreto, de qué modo se va a implicar al ICO en el inédito aval a los parados que tengan cargas hipotecarias. Y la gravedad del momento le interpela, singularmente, a una activación más articulada del diálogo social con empresarios y sindicatos.